Irlanda va a liberalizar algunas de las leyes antiaborto más restrictivas del mundo por una mayoría arrolladora, según reflejaron esta madrugada dos sondeos a pie de urna, ya que los votantes reclamaron el cambio en lo que hace dos décadas era uno de los países europeos más conservadores socialmente. El resultado ha sido favorable al "sí" con un 68% de los votos, ante el 32% en contra y un 64,9% de participación.
A media mañana, mucho antes del fin del escrutinio, el líder del principal grupo de activistas antiabortistas, Save the 8th, John McGuirk, admitió la derrota de su campaña para mantener la enmienda constitucional que negaba hasta ahora el derecho de las mujeres irlandesas a interrumpir el embarazo.
Si se confirma, el resultado constituirá el último hito en un camino de cambio para un país que sólo legalizó el divorcio por una mayoría exigua en 1995, antes de convertirse en el primero en adoptar el matrimonio gay mediante el voto popular hace tres años.
Thank you to everyone who voted today. Democracy in action. It’s looking like we will make history tomorrow.... #Together4Yes
— Leo Varadkar (@campaignforleo) 25 de maig de 2018
"Todo indica que vamos a hacer historia mañana", dijo en Twitter el primer ministro, Leo Varadkar, que está a favor del cambio legal.
Eliminar la octava enmienda
El Gobierno ha pedido al electorado que se pronuncie sobre la eliminación de la llamada "octava enmienda", incluida en 1983 en la Constitución, y que garantiza de igual manera el derecho a la vida del "no nacido" y de la madre.
De acuerdo con esta provisión, la ley promulgada en 2013 por el Ejecutivo, la primera en la historia de Irlanda, solo permite la interrupción del embarazo en circunstancias excepcionales, como cuando la vida de la madre corre peligro, que incluye la amenaza de suicidio, pero no contempla casos de incesto, violación o malformaciones del feto.
Si desaparece la "octava enmienda", el Gobierno, en el poder desde 2011, redactará una nueva legislación que podría permitir el aborto en todas las circunstancias durante las primeras doce semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las veinticuatro semanas.
Los partidarios del "sí" sostienen que la ley no funciona, pues miles de embarazadas de este país siguen viajando cada año al extranjero para abortar, al tiempo que prevé penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la sanidad que lo procuren al margen de las normas actuales.
Los grupos provida y la Iglesia católica se oponen porque entienden que la reforma abrirá la puerta a los llamados "abortos a la carta" y a las terminaciones de embarazos de "no nacidos" con malformaciones físicas o psíquicas, dado se eliminará su "derecho constitucional a la vida".