La grave situación de salud pública que vive España por el coronavirus, en parte amplificada por la negligencia del gobierno de Pedro Sánchez a adoptar desde el primer momento drásticas medidas como se le pedía, por ejemplo, desde Catalunya, no debe tapar lo que, sin duda, es una noticia de alcance internacional y que compromete muy seriamente a la monarquía española. El rey Felipe VI ha reconocido a través de un comunicado de la Casa Real que tenía conocimiento desde hace tiempo, al menos más de un año, de las cuentas offshore de su padre en el extranjero, amasadas con total impunidad y que iba a ser el receptor de la fortuna corrupta.

El envoltorio que se le ha dado al comunicado poniendo el acento en que renunciará a la herencia -debería explicar como ya que el Código Civil  prohíbe la renuncia a la herencia futura  (artículos 816 y 991)- y que su padre, Juan Carlos I, dejaba de percibir su asignación de los Presupuestos Generales del Estado es la parte, digámoslo así, amable, de una noticia que deja ante los ojos de todos los españoles la corrupción en la jefatura del Estado durante décadas.

Si los españoles no estuvieran en el lógico estado de shock por el imparable avance del coronavirus y el confinamiento de la población, la degradación moral en que ha entrado la monarquía española la haría saltar por los aires. También, si los pusilánimes representantes de lo partidos del régimen -PSOE, PP, Cs y ahora Vox- hicieran simplemente su trabajo en el Congreso de los Diputados en vez de oponerse a la creación de comisiones de investigación como le habían instado los partidos indeendentistas catalanes y vascos y, en este caso, también Podemos.

Felipe VI intenta soltar lastre una vez la prensa internacional - la de Suiza y la del Reino Unido, fundamentalmente- había dado muestras suficientes de que no iba a dejar correr el asunto y pensaba proseguir con nuevos escándalos en los próximos días. El escandaloso silencio de la prensa oficialista española, tanto de Madrid como de Barcelona, ha servido de bastante poco, ya que la prensa digital ha cubierto con creces los compromisos del establishment mediático para camuflar la noticia en sus páginas de papel.

La opacidad no ha resistido más y la monarquía española ha despeñado buena parte del poco crédito que tenía ante la sociedad española con un comunicado que pone los pelos de punta. No estamos hablando de los elefantes en Botswana, ni de los continuados devaneos en la vida privada de Juan Carlos I. De algo que se pueda tapar con una disculpa pública. Estamos hablando de cómo se ha amasado una fortuna con presuntas comisiones ilegales, lo que exige la intervención de la justicia y abrir en canal lo que ha sido vox populi desde hace muchos años y no se ha querido abordar para salvaguardar la institución. En 2014 se forzó su abdicación; ahora, la situación afecta a toda la familia, incluido el actual rey, Felipe VI, que solo ha reaccionado cuando se ha conocido la información y no cuando el tuvo conocimiento de ella. Un matiz más que signifcativo.