A veces nos pensamos que la gente ha desconectado de la situación política que atraviesa Catalunya y estamos muy equivocados. No diré que hay la misma tensión informativa, porque no es cierto, pero el enfado por la actuación del Gobierno español persiste. La situación de los presos y exiliados ha creado un punto de no retorno en amplias capas de la sociedad y los obstáculos del Estado para designar un president de la Generalitat es la nueva fuente de conflicto que se avecina. ¿Cuantas son las posibilidades de que la investidura de Jordi Sànchez que ha convocado el president del Parlament para el próximo lunes se acabe celebrando? La verdad es que no se sabe a ciencia cierta, pero muy por debajo del 50% sería una respuesta realista.

La exitosa jornada de huelga y de movilizaciones del 8 de marzo en las calles, con una respuesta masiva nunca vista, por la igualdad de género -según la Guardia Urbana unas 200.000 personas se han manifestado en el centro de Barcelona- ha eclipsado lógicamente el acuerdo político entre Junts per Catalunya y Esquerra que, al fin, han sido capaces de cerrar un documento para entregar a la CUP y acercar a sus cuatro diputados al acuerdo. Habrá que ver si el extenso documento, que según el líder popular Xavier García Albiol es "un golpe de Estado por escrito en 46 páginas" es suficiente para los cupaires o, al menos, sirve de base para una negociación. Esto último ya sería un avance respecto al pasado fin de semana y de ahí seguramente la inclusión en el documento de una multiconsulta como conclusión de un proceso constituyente "de base ciudadana, transversal y participativo".

Sin embargo, la posición de la CUP es el menor de los nubarrones que se ciernen sobre la investidura del candidato. El 8-M ha dado unas horas de tregua al debate, pero este mismo viernes el fiscal general del Estado trasladará su posición respecto a la salida de Sànchez al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que nadie duda que será negativa. No será definitivo en la posición del magistrado pero se empezará a visualizar como piensa desarrollarse toda la operación para hacer descarrilar la investidura. Es incluso probable que el president del Parlament, Roger Torrent, llegue a suspender la sesión si los tribunales no se pronuncian de una manera taxativa antes del lunes en un sentido favorable. La petición de Ciudadanos a Torrent ya va en esta dirección. Y los letrados del Parlament también dirán la suya.

El bloqueo que ya se vivió con el pleno no celebrado de la investidura de Puigdemont no es tan extraño que el lunes se vuelva a repetir.