De aquello que los profesionales del Derecho consideran las cuestiones previas del juicio del 1 de octubre, la vista de las cuales ha tenido lugar este martes en el Tribunal Supremo, cabe extraer cinco grandes conclusiones: primera, los abogados de los presos políticos independentistas y del resto de acusados hasta dieciocho han preparado a conciencia la defensa de sus clientes y desde el punto de vista jurídico la coordinación entre ellos es impecable. La fiscalía del Tribunal Supremo ha demostrado algunas lagunas en su exposición e incluso ha cometido algún error manifiesto a la hora, por ejemplo, de asegurar que se había publicado la declaración de independencia en el DOGC, cosa que no se hizo. La abogada del Estado que debutaba en la causa y que tiene por delante, si se cumplen las previsiones, desescalar el conflicto, quiso demostrar en esta sesión previa una contundencia incluso superior, aparentemente, a la fiscalía. Cuarta: Vox, como acusación particular, conoce perfectamente el valor del altavoz que le supone un juicio de esta naturaleza y ello se hará más evidente cuando realmente empiece. Finalmente, el tribunal conformado por siete magistrados y presidido por Manuel Marchena tiene por delante lo menos parecido a un juicio justo. No parece que les cause un gran trastorno.

Con mucho más conocimiento de causa que yo, el profesor Joan Queralt considera que el juicio es para todos aquellos que creen en el derecho, la democracia y el Estado de derecho, el juicio más importante en Europa desde los de Núremberg, que tuvieron lugar en dicha ciudad alemana en los años 1945 y 1946. Ahora, se trata de juzgar a un gobierno como el catalán por unos hechos que no cometió y con unas acusaciones de rebelión, sedición y malversación que no existieron. La causa habría tenido que decaer en consecuencia y quedar, en todo caso, en desobediencia en línea con los pronunciamientos de tribunales de otros estados europeos. Pero eso sería tanto como asumir que lo que ha habido, básicamente, es una causa general contra el independentismo y eso no pasará nunca. Habrá que esperar años a que los tribunales europeos hagan su trabajo.

Las previas de este martes tenían que ver fundamentalmente con el tribunal que debía juzgar a los presos políticos catalanes y el resto de acusados. Si era competencia del Supremo o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Servirán de bien poco los sólidos argumentos de la defensa ya que juega aparentemente una partida cuyo desenlace ya se conoce. Nadie apuesta a que el Supremo modifique su posición pero parece bastante evidente que la instancia judicial debería ser el TSJC. Otra cosa es que prefiera el alto tribunal asegurarse el desenlace de la causa pero los hechos sucedieron en Catalunya y no hay motivo alguno para que deban ser juzgados en Madrid.

El interés mediático que ya se está viendo por el juicio, en medios de comunicación del mundo entero, no será otra cosa que un escaparate de todas las irregularidades procesales que se han producido en España. Después de lo visto este martes, los letrados defensores van a poner en más de un aprieto al tribunal. Seguro.