Lo que empezó el Partido Popular lo ha terminado el Partido Socialista. Lo que empezó Mariano Rajoy lo ha acabado Pedro Sánchez. Lo que empezó la política lo finaliza ahora la justicia. Lo que empezaron los medios de comunicación de aquí y de allí hostiles hasta el paroxismo con el independentismo lo concluye una fría nota de prensa de la Fiscalía General del Estado. El 155 del a por ellos en su vertiente policial encuentra este viernes 2 de noviembre su corolario en un disparatado escrito de la Fiscalía General del Estado en el que se pone negro sobre blanco un relato irreal sobre los hechos del 20 de septiembre y el referéndum de independencia del 1 de octubre.

En total, más de 200 años de prisión contra los miembros del Govern en prisión o en libertad y que no han ido al exilios, los líderes sociales de Òmnium y de la ANC, la Mesa del Parlament, muy significativamente su ex presidenta Carme Forcadell. y el major Josep Lluís Trapero y la cúpula policial del departamento de Interior. De los 25 años de privación de libertad pedidos para el vicepresident Oriol Junqueras hasta los 20 meses para los miembros de la Mesa, excepción de Carme Forcadell para la que se pide 17 años. Un auténtico escándalo y toda una ignominia.

La monarquía española que creyó ver en la situación catalana una palanca para consolidar la institución y el reinado de Felipe VI ha conseguido el efecto contrario. Con su discurso del 3 de octubre ha abierto en canal las instituciones del Estado, la ha situado en el nivel más bajo de popularidad desde la transición -la suspenden el 80% de los catalanes- y la ha alejado irremediablemente de los ciudadanos a los que también debía proteger. Hoy, su situación es insostenible en Catalunya pero empieza serlo también en Navarra, País Vasco y en menor medida en Asturias. El Govern y el ayuntamiento de Barcelona lo han reprobado en una iniciativa que se extenderá en las próximas semanas por múltiples ayuntamientos catalanes. Lo mismo intentará Izquierda Unida en España en una iniciativa política inusual hasta la fecha en el Estado.

Los escritos de la Fiscalía no han sido una sorpresa para nadie ya que habían sido convenientemente filtrados en las últimas horas. Decir que se ha impuesto la línea dura es casi una temeridad ya que si la construcción del relato es falsa dificilmente se podía esperar otra cosa de las conclusiones. Más vale, por tanto, no llamarse a engaño: no estamos hablando de lo que dice el código penal y de las penas que preve. Es justo a la inversa. Primero se ha construido un relato que lleve aparejado muchos años de prisión y solo después se han buscado si existían pruebas para poderlo defender. Y cuando no se han encontrado se ha echado, como ya se ha visto en los últimos meses, por el camino de en medio. Por cierto, ¿alguien me podrá explicar si es muy normal que los abodagos defensores pidieran a través de las redes sociales los escritos de la Fiscalía a los periodistas porque ellos no los tenían? ¿O por qué se condena por igual a siete años a los consellers Carles Mundo, Meritxell Borras y Santi Vila cuando este último dimitió horas antes de la declaración de independencia del Parlament? ¿O es que la proclamación de independencia no era delito?

Como tampoco lo ha sido el de la Abogacía del Estado que rebaja algo las penas pero incorpora a su escrito inicial de cuando se personó en la causa el de sedición. Para que se entienda: cuando el pasado mes de febrero lo hizo bajo gobierno del Partido Popular la explicación fue que era para defender que había habido malversación de dinero público. Ocho meses después y bajo un gobierno socialista ratifica la idea incial de malversación e incorpora la de sedición. Estos son los hechos. Y, mientras eso sucede, el Madrid político y mediático grita que no ha incorporado también el delito de rebelión. Ocultando que la adición de sedición y malversación acaba sumando los mismos años de prisión que rebelión y que, en cambio, si solo hubiera rebelión el de malversación no sería acumulable. El llamado gesto de Pedro Sánchez es eso, humo. Por más que chillen en el Madrid oficial no tendrán más razón. 

España se suma así en una vergüenza jurídica internacional sin que parezca importarle mucho. De hecho, nada. Sin haber aprendido nada de la historia. En defensa de la unidad se realizaron en el pasado muchas atrocidades y ahora la historia se repite. También se repetirá el final: España perderá a Catalunya mientras sus gobernantes se dan golpes en el pecho y prefieren tirar de autoritarismo y no de diálogo. La muy digna reacción de todos los que hoy están en prisión es el reflejo de la pulsión que hoy respira el independentismo y sus fronteras colindantes. El escarmiento por encima de la justicia denigra a quien lo realiza y enaltece a quien lo recibe. Quien piense que la reacción catalana será de sumisión y acatamiento desconoce la pulsión exacta de la ciudadanía.