El Estado español ya tiene una de las fotos que más ansiaba aunque sea, por ahora, tan solo en forma de titular. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, camino de la prisión de Alcalá Meco en un furgón policial hasta que deposite una elevadísima fianza de 150.000 euros. Con todo lo que ha sucedido estos últimos años en la política española, veinte años hacía que el Tribunal Supremo no mandaba a nadie directamente a la cárcel.

Es obvio que la noticia es de una enorme gravedad. Y de gran trascendencia política. El hecho de que el juez no haya atendido la petición del ministerio fiscal, que pedía prisión incondicional no solo para Forcadell sino también para los vicepresidentes Lluís Guinó y Anna Simó y el ex vicepresidente Lluís Corominas, no resta importancia a lo que acaba de suceder en el Alto Tribunal. 

El juez de la sala segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, también ha impuesto al resto de miembros de la Mesa —dos vicepresidentes, los citados Guinó y Simó, una secretaria, Ramona Barrufet, y un exvicepresidente, Corominas— un plazo de una semana para pagar fianzas individuales de 25.000 euros. Si no, ingresarán en prisión. Excepto el secretario Joan Josep Nuet, que queda en libertad sin fianza pero con cargos.

El Estado español ya tiene todas las piezas que se quería cobrar: Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Sánchez y Cuixart. Tan solo Puigdemont permanece en libertad en Bruselas, después de que la justicia belga haya negado por el momento la extradición solicitada por la Audiencia Nacional. Desde allí, ha recompuesto junto a cuatro consellers un govern en el exilio que le permite emitir mensajes hacia Catalunya e internacionalizar la persecución de las legítimas autoridades catalanas, cesadas por el gobierno español. A Junqueras, igual que a otros siete consellers, se le acaba de denegar la salida de la prisión, igual que a los Jordis. Tampoco se acepta en ninguno de los diez casos, una fianza para abandonar la cárcel.

Es más que probable que pese a la elevada fianza económica, la presidenta del Parlament consiga en las próximas horas reunirla y abandonar el penal de Alcalá Meco. Ojalá que sea así. Pero nada de ello restará importancia y gravedad a los hechos de este jueves en el TS. Un debate en el Parlament, por incómodo que pueda ser para el gobierno de Madrid, para el PSOE y para Ciudadanos, no debía haber tenido nunca este desenlace. Nunca. El caso de la presidenta del Parlament inaugura una peligrosa nueva línea para lo que pueden ser, en el futuro, otros nuevos presos políticos catalanes. El camino a la desesperada iniciado por el Estado español es preocupante. Y su alejamiento de las democracias occidentales, también.