Cuando el Parlament de Catalunya reprobó al rey Felipe VI y se convirtió en la primera cámara legislativa en emitir ese rechazo a un monarca, ya advertimos de la trascendencia del paso dado y de la importancia de una noticia de estas características. El discurso real del 3 de octubre produjo una ruptura emocional irreversible que solo puede aumentar si sigue cometiendo errores. Hoy, el 80% de la ciudadanía catalana suspende al Rey, un porcentaje realmente excepcionalmente alto y que difícilmente se produce con esta contundencia en ningún otro sitio. También apuntamos el error que supondría por parte del gobierno español agrandar este debate con gestos grandilocuentes que en ningún caso iban a mejorar la imagen de la monarquía en Catalunya.

Pues bien. El gobierno español ha hecho todo lo contrario de lo que era una actitud inteligente y ha decidido presentar recurso al Tribunal Constitucional contra la resolución aprobada en el Parlament. Ello pese a que un organismo tan sumiso a los gobiernos de turno ―y desprestigiado― como el Consejo de Estado había dejado escrito en su informe que no había base para recurrir, ya que se trataba de una declaración política. Pero claro, Pedro Sánchez ha tenido miedo, con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, de ser acusado de poco español y de dejar a Felipe VI a la intemperie de las críticas. 

En las próximas semanas constatará el gobierno español el enorme error cometido, más allá de lo que diga el TC, ya que ha abierto un boquete inmenso; casi una invitación para que los ayuntamientos catalanes aprueben mociones contra el rey de España y a favor de la abolición de la monarquía. Este mismo viernes ya lo ha hecho el ayuntamiento de Barcelona. De los 41 ediles que tiene el consistorio, 29 han votado a favor de la moción y solo 12 han apoyado al Rey. En porcentaje, menos del 30% de los ediles de Barcelona han respaldado al monarca. Un problema serio para España en un momento en que la monarquía ya tiene dificultades importantes en el País Vasco, Balears, y Navarra.

La beligerancia de Felipe VI contra el independentismo es una losa demasiado pesada. Aunque desde Madrid se haga todo lo posible por disminuirla o por ignorarla. Sin reconocer los errores que están en el origen de la situación actual, el descrédito que arrastra cada vez irá a más.