Rechazada por los partidos autodenominados monárquicos ―Partido Popular y Ciudadanos― y los monárquicos de facto ―el Partido Socialista― la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actividades privadas del rey emérito español e hipotéticamente de sus negocios, el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le ha dirigido una carta a Juan Carlos I en la que, educadamente, le pide que acepte comparecer voluntariamente en la Cámara y dé su versión. El pueblo español tiene derecho a oírlo después de las acusaciones que se han formulado en los últimos meses, argumentan. Es, evidentemente, una salva de fogueo, porque zanjado el tema de la comparecencia obligada si el Congreso de los Diputados así lo hubiera decidido, la voluntaria es del todo imposible.

Sin embargo, tanto la petición de una comisión parlamentaria, a la que se sumaron los independentistas vascos y catalanes, como la misiva cursada y que no surtirá efecto alguno, no son actos intrascendentes. Sobre todo, porque configuran, por aquellos partidos que los realizan, un permanente jaque al rey. En este caso al emérito pero lo que hace también es poner permanentemente en el debate público el papel de la monarquía, una institución que se encuentra en medio de muchas crisis y sobre la que se ha ido gestando una tormenta perfecta. Al final, alrededor de un centenar de diputados de los 350 que tiene la Cámara baja cuestiona al actual jefe del Estado español y a su padre, hasta convertirse en el mayor número de parlamentarios desde el inicio de la transición que se oponen a la monarquía.

Esa situación es especialmente grave para el Rey en Catalunya, donde una mayoría parlamentaria ha reprobado en el Parlament a Felipe VI y un montón de ayuntamientos ha seguido esta iniciativa, empezando por el de Barcelona. El Govern además ha roto relaciones con la monarquía española dejando de asistir a sus actos y publicitando que tampoco le invitarán a los que él organice. En la práctica, incluso, Felipe VI ha reducido al máximo su presencia en Catalunya y después de los incidentes de lo pasados premios Princesa de Girona del mes de junio no ha regresado.

Dicen los expertos que lo mejor de una marca es siempre su valoración reputacional. Un intangible que permite medir influencias pero que está sometido a crisis sistémicas y a riesgos sobrevenidos. La monarquía como institución hace tiempo que zozobra en Catalunya, donde el 80% no la consideran como propia y están a favor de la república; y lo mismo en el caso de los vascos, donde la oposición alcanza el 70%, según las encuestas. Son porcentajes demasiado altos como para que la contaminación española no sea cosa de tiempo.