Aunque no es la primera vez que lo hace, no por ello hay que pasarle por alto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, su escandalosa facilidad para traspasar responsabilidades que le son propias a los demás, bien sea al Govern de la Generalitat u otras administraciones o también a los más variados sectores de la ciudad cada vez que tiene un conflicto. Si se siguen sus declaraciones desde que ocupa la alcaldía, de los partidos es responsabilidad que haya sido incapaz de tejer la más mínima alianza para gobernar la ciudad con una mayoría política estable; de los grupos municipales su ineptitud para aprobar año tras año los presupuestos en el plenario; de Trias, Collboni y Bosch las cinco reprobaciones que ha sufrido, algo que no había sucedido nunca; de Pedro Sánchez el desastre en los alquileres de Barcelona; de la Generalitat y del conseller de Sostenibilitat, Damià Calvet, el conflicto del taxi; e incluso de los miembros del Govern encarcelados no su prisión pero sí la aprobación de la DUI por miedo a que se les acusara de traidores.

Con un balance muy pobre de gestión durante estos cuatro últimos años -no llegan a tres de cada diez barceloneses los que le otorgan su confianza, según la encuesta de Feedback para ElNacional.cat- la estrategia de Colau es clara en la campaña que se iniciará este viernes: pasar de puntillas sobre la gestión realizada, abrir carpetas bajo la fórmula de nuevas promesas que no ha sido capaz de resolver y que van desde el tranvía a la vivienda, y expandir la responsabilidad de áreas de gobierno a las que no ha dado respuesta por incapacidad o por falta de acuerdos.

En la encuesta que publicábamos el pasado viernes los barceloneses suspendían la gestión municipal en áreas tan diferentes como el funcionamiento del carril bici, la limpieza de la ciudad, la circulación y el tráfico, la seguridad ciudadana, el control del incivismo y de la prostitución en la vía pública, la ocupación ilegal de la vivienda, el control y regulación del top manta y los precios de la vivienda. Curiosamente, de las cinco áreas en las que aprueba, en dos está en contra: el turismo en Barcelona y la disponibilidad y calidad del agua, un servicio sobre el que algún día tendrá que explicarnos su obsesión por acabar con un modelo de colaboración público-privado de éxito y que acabará siendo más caro para los barceloneses con un servicio igual o peor.

Especialmente llamativo es el suspenso que los votantes del PSC y los comunes -también la derecha- otorgan a la gestión en materia de seguridad ciudadana. Solo era cuestión de tiempo que Colau culpara a la Generalitat y a la conselleria de Interior y a su titular, Miquel Buch, de dejadez de funciones por interés electoral y acusara a los Mossos de no personarse en diversos operativos policiales conjuntos en la ciudad. Obviando, claro está, sus discrepancias permanentes con la Guardia urbana, la práctica desaparición de los agentes de las calles y una serie de decisiones erróneas que no han ayudado a orientar una de las políticas básicas de cualquier ciudad. Colau tuvo que rectificar horas más tarde y desmentir sus propias acusaciones a los Mossos. Incompetencia para unos y mala fe para otros. Pero, sobre todo, un lastre para el buen funcionamiento de Barcelona.