La entrada en escena del Tribunal de Cuentas en el procés catalán no es gratuita y responde sobre todo al deseo del Estado de abrir una nueva fase psicológica en sus relaciones con el independentismo catalán, pensada para que el miedo haga inviable el referéndum. Así, el Tribunal de Cuentas -un organismo que tiene por objeto fiscalizar el sector público- acaba completando el arsenal jurídico del Gobierno español: Fiscalía, tribunales ordinarios de justicia (del TSJC al Supremo) y Tribunal Constitucional. El primer encargo al Tribunal de Cuentas es encontrar la manera para que los más de cinco millones de euros que costó el 9-N sean devueltos por Mas, Homs, Ortega y Rigau de su patrimonio personal. Por más sorprendente que pueda parecer y después de que en la fase previa del juicio del 9-N se descartara por parte de la fiscalía el delito de malversación de fondos públicos, ahora se quiere recuperarlo por una vía diferente y excepcional.

El Gobierno español y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría creen que el Govern puede quedar paralizado ante una estrategia de esta naturaleza. La próxima será la titular de Governació, que ha sacado a concurso papeletas y sobres para el referéndum, aunque específicamente se diga que son para cualquier consulta electoral. Y después vendrán otros miembros del Govern. Costaría encontrar una situación similar a la que el Gobierno español quiere trazar con el referéndum catalán. Perdida la campaña del diálogo, desaprovechada la de la seducción y construida toda la estrategia a partir del miedo y las amenazas cada vez más exageradas, Rajoy corre un serio riesgo: que nada se detenga y el independentismo lleve el referéndum del 1 de octubre hasta el final. Esta es la hipótesis más probable, le guste o no al Gobierno español. Toda la información veraz va en esa dirección. Y cuando lo comprueben, como en otras ocasiones, será demasiado tarde.