La patronal Pimec ha cuantificado en 65 millones de euros el impacto negativo que el top manta tiene sobre el comercio de proximidad de Barcelona. Además, suma 69 millones más que la industria estaría perdiendo por causa de la comercialización de falsificaciones. En total, 130 millones de impacto, según el estudio elaborado por el Observatorio de PIMEComerç. Según el mismo, cada mantero le cuesta anualmente a la hacienda municipal de Barcelona unos 1.400 euros, "lo que significa que cada año el Ayuntamiento de Barcelona deja de ingresar por el cobro de licencias municipales más de 1,2 millones de euros".

El estudio hace una aproximación que apunta que hay unos 875 manteros a Barcelona, aunque añade que en épocas de máxima afluencia turística pueden llegar a ser "más de 1.000 o hasta 2.000". Con esta cifra de casi 900 es con la que la patronal ha calculado que el impacto de su actividad supera los 130 millones de euros.

La patronal establece que uno de los principales problemas de este impacto negativo hacia el comercio es que este ve durante el año "cómo otros competidores desleales realizan su actividad sin tener que afrontar obligaciones tributarias, ni laborales, ni licencias de actividad, ni limitaciones de horarios". Además, "no constata ninguna voluntad política para acabar con este problema, que ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años en parte debido a la permisividad".

La patronal ha reclamado que de la misma manera que se hace un control exhaustivo del uso del espacio público de las terrazas, de las floristerías y de otros comercios, cobrando su licencia, se tendría que hacer en el caso del top manta. La Pimec ha criticado que la "permisividad y la falta de un control contundente" es lo que está propiciando este impacto negativo.

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha lamentado que el comercio "está pierdendo millones de euros por la competencia desleal de la venta ambulante ilegal" y ha reclamado que "ya es hora que las administraciones encajen el reto con responsabilidad y deber público y tomen las medidas adecuadas para que este problema se acabe". Goñi ha insistido en que hay que parar la permisividad y la impunidad sobre este tipo de venta y "hay que parar la cadena de consumo de productos falsificados e ilegales". "Eso requiere una voluntad política coordinada", ha afirmado.