'Un auténtico retroceso para un sector que justo sale de unos tiempos difíciles'. Así es como Àlex Casanovas, presidente de la Asociación de Actores y Directores de Catalunya, ha calificado la anulación del canon digital catalán por parte del Tribunal Constitucional. Casanovas, acompañado de directores de cine como Ventura Pons e Isona Passola, y de actores como Mingo Ràfols y Pep Ferrer, ha hecho estas declaraciones a los medios en un acto de protesta unánime contra la medida judicial española. El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la presidenta del Parlamento Carme Forcadell, el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el conseller de cultura Lluís Gordi han presidido el acto de protesta y han recogido el manifiesto elaborado por el gremio. Entre los presentes también había Juanjo Puigcorbé, Ferran Mascarell y Jordi Sellas.

'No aflojemos, no aflojéis'

El actor Abel Folch y la directora Carla Simón han leído el manifiesto dirigido a las autoridades políticas. Al manifiesto argumentan que, más allá del poder vertebrador que tiene el sector audovisual en tanto que creador y transmisor de cultura, y más allá de su capacidad de proyectar la cultura catalana en el mundo, ofrece también una ocupación de 14.000 puestos de trabajo a Catalunya —donde trabajan muchos jóvenes. "Es por eso que necesita un modelo estable de financiación", sostienen.

La tasa a las operadoras de telecomunicaciones, que garantiza la supervivencia de la producción audiovisual a Catalunya, se aprobó en el Parlamento sin ningún voto en contra. Por eso piden que el Govern de la Generalitat se comprometa a crear una nueva ley para establecer una tasa similar. El sector audiovisual también pide que se mantenga el presupuesto previsto para este año. Y pide que, teniendo en cuenta que la producción audiovisual funciona con planificaciones de más de un año, se mantenga la misma partida por los próximos años. 'No aflojemos, no aflojéis', ha dicho Carla Simón a las autoridades políticas del país.

Una medida de inspiración europea

Cuando al 2013 Jordi Sellas llega a la dirección general de cultura, su equipo se encuentra con unos recortes del 30% del presupuesto. En este contexto de crisis, los equipos de Jordi Sellas y Elsa Artadi (directora general de Tributos de la Generalitat) miran qué hacen en Europa para cuidar el sector audiovisual. En países como Alemania está el impuesto de antena —donde tú pagas un dinero fijo para tener televisión pública y para la producción audiovisual. En países como Francia está el céntimo cinematográfico — gravan cada entrada de cine con unos 40 céntimos extra, de manera tal que las grandes superproducciones extranjeras ayudan a finanzar las producciones nacionales.

Pero consideraron que estas medidas no serían bien recibidas en un país como el nuestro y apostaron por un impuesto en las empresas de telecomunicaciones —que básicamente son Movistar, Vodafone y Orange. Se consideraba que era lógico que la industria de las telecomunicaciones ayudara a financiar la producción que de hecho da sentido a sus industrias —porque todos contratamos fibra óptica para ver series en Netflix. Sellas y Artadi consultaron en Bruselas y se aseguraron de que la ley no invadía ninguna competencia estatal. 'Todo el sector se volcó', dice Jordi Sellas. 'Y que la decisión era acertada lo demuestra todas las buenas películas que se han podido producir los dos últimos años'.

"Contra lo que dice el tópico, el cine no es un sector muy subvencionado, porque acaba generando muchos más ingresos de los que has invertido inicialmente. Pero necesitas una inversión inicial y eso se entiende en cualquier país de Europa que quiera cuidar el sector. Lo que pase es que en España, por intereses diversos, una medida com esta no interesa', añade Sellas.