La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha lamentado que a medio mandato del exportavoz de la entidad y ahora alcaldesa de Barcelona Ada Colau siga habiendo "diez desahucios diarios" en la capital catalana. Esta es una de las observaciones del informe que ha elaborado la división barcelonesa de la plataforma para valorar los dos años de políticas públicas de vivienda de la alcaldesa.

A opinión de la PAH, Barcelona se encuentra en "un estado de excepción". Afirma que los vecinos están "en peligro de extinción", tanto por los años de "la emergencia habitacional" por "la estafa hipotecaria" como por la "burbuja especulativa" sobre los precios del alquiler, que ha hecho que en sólo tres años el precios hayan subido una media de un 24%, con barrios donde ha subido hasta un 66%. De hecho, de los diez desahucios diarios, según el ente, el 85% son de alquiler y el 13% de hipoteca.

La crítica de la PAH va más allá de la gestión de Colau y afecta también al resto de administraciones. Para frenar la burbuja inmobiliaria sobre el alquiler, la entidad considera que "hace falta" una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que "limite" los precios del alquiler y "alargue" la duración de los contratos, "como pasa en los países del entorno". En este sentido, la plataforma lamenta que se sigue tratando el derecho a la vivienda como una mercancía.

Así, el informe pone de manifiesto que en Barcelona el 84% de las viviendas son principales, de las cuales, el 30% están en régimen de alquiler, un 5% son segundas residencias y un 11% están vacías. Eso quiere decir, según los datos de la entidad, que el 1% de las viviendas de la ciudad están de alquiler, "lejos" del 15% "que habría que tener para cumplir" con la Ley catalana del derecho en la vivienda. Barcelona, opina la PAH, tiene que ampliar en 120.000 viviendas el parque público de alquiler.

Avances importantes de Colau

Con respecto a la gestión de la emergencia, la entidad destaca los avances "importantes" llevados a cabo por el Ayuntamiento. Por una parte, "y casi desde el primer día", se crea la unidad SIPHO (Servicio de Mediación en la Pérdida de Vivienda y Ocupaciones), "una de las mejores políticas" en materia de emergencia que "ha permitido" parar 1.315 desahucios en el 2016. En concreto, el año pasado se atendieron 2.303 desahucios de los 2.691 que se produjeron en la capital catalana, de los cuales se pararon los 1.315 mencionados porque se pactó prórroga con la propiedad. Se ha dado una solución definitiva a 769 de estos desahucios.

Con todo, la plataforma lamenta que "sigue faltando" un protocolo entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que "garantice" que el 100% de los desahucios se comunican a la Administración con tiempo suficiente.

También subraya que la Mesa de Emergencia de Barcelona "sigue dando la espalda" a realidades como las de personas que viven en un local habilitado como vivienda y son desahuciadas, las personas o familias que viven realquilando una habitación sin contrato y las echan o los inmigrantes en situación administrativa irregular.

Otro aspecto de las políticas de Colau que valoran "muy positivamente" es que las familias con pocos recursos económicos o sin recursos puedan acceder a ayudas para el alquiler. En este sentido también se destaca la ampliación de partida que ha hecho el consistorio, pero se alerta de que "no tiene ningún sentido" que las convocatorias para acceder se abran "durante unos meses", por ejemplo, de enero a marzo. Además, estas ayudas "son lentas en el momento de hacerse efectivas". Por eso exigen que haya convocatorias todo el año.

La PAH también considera una "buena solución temporal" el Centro de Atención Temporal a Familias, pero lamenta que sólo hay uno en la ciudad –conformado por 40 pisos pequeños- y alerta de que no puede dar respuesta "ni a los desahucios de una semana". Por eso valoran "muy negativamente" que dos años después del nuevo gobierno no haya más centros de este tipo "a pesar del compromiso" del gobierno municipal de hacer y exigen al consistorio que se haga uno por barrio antes de acabar el mandato.

Ocupación

Con respecto a las situaciones de ocupación, la PAH valora positivamente la regularización de las familias que habían ocupado vivienda pública y que cumplían los requisitos establecidos por el Ayuntamiento. Reconocer esta realidad, indican, ha permitido atender "469 unidades familiares". Pero en este sentido también valoran la actitud de la oposición, y la califican de negativa por "falta de responsabilidad" y por "uso partidista" del escenario de familias que ocupan, un hecho que, a opinión de la PAH, genera un relato "peligroso" que lleva a la "guerra entre pobres".

El informe también repasa la actividad del Patronato Municipal de la Vivienda y afirma, a partir de los datos del Plan del Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025, que "hay un impulso" de la construcción en virtud del cual se ha multiplicado por 3,7 veces lo que se había construido en el mandato anterior, pasando de 968 viviendas cada 5 años a 3.541. La PAH añade, basándose en los mismos datos que en el plan a 10 años, vista la actividad constructiva se multiplica por 4,6 veces.

Finalmente, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca repasa la actitud del gobierno de Ada Colau ante la cuestión de los pisos vacíos. Recuerda que la alcaldesa llevaba en su programa, y al plan de choque para los primeros meses, la aplicación de sanciones a los tenedores. En el ecuador del mandato, afirma la plataforma, "sólo se han puesto 4 y se han iniciado 333 expedientes sancionadores", y sólo se ha hecho el censo de vivienda vacía en 4 barrios. A este ritmo "se acabará el mandato y no se habrá acabado el censo en todo la ciudad", indica la entidad, que acaba: "Es inconcebible que dos años después no tengamos todavía el censo y que se hayan puesto sanciones de manera simbólica".