Barcelona de Infraestructuras Municipales (Bimsa) ha acordado este lunes rescindir el contrato con la unión temporal de empresas (UTE) que realiza las obras de las Glòries después de que se detectaran retrasos y sobrecostes.
Lo ha explicado la teniente de alcalde de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz, en rueda de prensa después de reunirse el consejo de administración de Bimsa justo después de una comisión de urbanismo extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento y que ha rechazado, con los votos de la mayoría de la oposición, rescindir el contrato.
Bimsa ha comunicado la decisió a la UTE que se encargaba de las obres este lunes y, según Sanz, se le pedirán también daños y perjuicios por estas supuestas irregularidades que se han producido.
La comisión de urbanismo de Barcelona, que se había reunido unos minutos antes de forma extraordinaria, había rechazado con los votos de la mayoría de la oposición la iniciativa del gobierno municipal —en minoría— de rescindir el contrato. La decisión, que no era vinculante, ha sido tomada por el Grup Demòcrata, Cs, ERC y el PP, que han acusado, al gobierno de BComú y del PSC de buscar aval político, en la comisión para ejecutar una idea ya tomada, mientras que sólo la CUP apoya liquidar el contrato y el concejal no adscrito de Demòcrates se ha abstenido.
Las constructoras niegan responsabilidades
La UTE encargada de la construcción del túnel de las Glòries ha negado este martes ser la responsable de los retrasos y sobrecostes de las obras que le atribuye el Ayuntamiento de Barcelona, que le ha rescindido el contrato.
La UTE, formada por las empresas constructoras Comsa, Copisa, Benito Arnó e Hijos y Romero Gamero (ROGASA), ha asegurado respetar la decisión de Bimsa de dar por finiquitado el contrato por los reiterados retrasos acumulados en las obras. No obstante, ha añadido que "no comparte la responsabilidad que se le atribuye" respecto a los retrasos y sobrecostes.
Más dinero y más tiempo
El director de Bimsa, Ángel Sánchez, ha explicado en la comisión que el coste previsto de paralizar las obras para hacer una nueva licitación sería de más de 1,5 millones de euros: 950.000 euros para poner en marcha de nuevo las obras y 550.000 de actualización de precios a los que hay que sumar 23.000 euros mensuales de vigilancia del espacio durante ese plazo.
El calendario estimado por Bimsa en caso de rescisión, además, prevé presentar un nuevo proyecto sobre el 5 de julio y, tras varios pasos, tener acabada la nueva plaza en enero de 2020, aunque ha insistido en que la UTE está trabajando bien y que el problema radica en el incumplimiento de los plazos y en los sobrecostes.
Según Sánchez, la aprobación inicial se haría sobre el 19 de julio, el 21 se licitarían, y el 26 del mismo mes se podrían aprobar de forma definitiva, lo que sumado a una previsión de 24 meses de obras, daría la construcción por finalizada al comenzar 2020.
Por interés público
La parte ejecutada de la obra, un 60% del total aproximadamente, ha tenido un coste de 43 millones de euros, y la teniente de alcalde de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz, ha apuntado que la UTE está pidiendo "de forma informal vía dirección de obras 23 millones" más de lo presupuestado.
El gobierno municipal no es partidario ni de realizar un modificado ni de resolver el contrato, pero prefiere esta última opción porque, pese a parar las obras por un periodo de unos diez meses, da "un poco más de control por parte de la administración para defender mejor el interés público".
La concejal de la CUP, María José Lecha, del único grupo que ha apoyado la iniciativa de rescindir el contrato, ha defendido que hacerlo también supone una ventaja porque permitiría "eliminar cualquier sombra de corrupción a partir de un nuevo proyecto" que subsane los supuestos errores del inicial. El concejal no adscrito Gerard Ardanuy (Demòcrates), por su parte, ha considerado "más que probable" que la resolución contractual termine judicializándose y ha pedido al resto de grupos que opten por la situación menos dolorosa para la ciudad.
Rechazo de la oposición
Desde el Grup Demòcrata, Jordi Martí, ha defendido que no hay, a su modo de ver, justificación por una resolución que "podría ser la solución más fácil para las empresas de la UTE", que podrían quedar libres de responsabilidades. Santiago Alonso, de Cs, ha recordado que el proyecto se aprobó y adjudicó en el anterior mandato, por lo que ha rechazado "asumir el papel de tener que dar cobertura a las chapuzas de otros".
El líder de ERC, Alfred Bosch, ha alertado de que paralizar las obras por una nueva licitación "acabará desembocando, como mínimo, en una década de parálisis, de trincheras y de los vecinos conviviendo con una chapuza". Finalmente, el popular Javier Mulleras, ha preguntado si la decisión adoptada se trasladará al consejo de administración de Bimsa o, por contrario, el gobierno municipal, que tiene mayoría en la empresa, desoirá a la oposición.