La Fiscalía de Barcelona ha abierto este miércoles una investigación para aclarar si el Ayuntamiento ha cometido un delito de revelación de secretos al haber licitado los servicios técnicos necesarios para la celebración de la multiconsulta que la alcaldesa, Ada Colau, quiere celebrar esta primavera y que podría suponer la cesión o el acceso de empresas a los datos del padrón municipal y de menores de edad.

Como avanzó el miércoles El Nacional, el equipo de gobierno de Ada Colau ya ha licitado 2,7 millones de los 3,5 previstos para llevar a cabo el multirreferéndum a pesar de los obstáculos surgidos, entre los cuales la paralización de una parte del presupuesto y varias irregularidades detectadas en el proceso de recogida de firmas.

El Ministerio Público investiga el caso a raíz de la denuncia presentada hace unos días por la Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica. Ahora, la fiscalía tiene seis meses para presentar la denuncia a un juzgado.

Además, de las tres preguntas inicialmente previstas para la multiconsulta, han quedado dos, al no llegar a las 15.000 firmas mínimas requeridas la iniciativa contra la gentrificación del barrio de Sant Pau. Se mantienen la de la remunicipalización del agua y la del cambio de nombre de la plaza del esclavista Antoni López por la del joven muerto en el CIE de la Zona Franca Idrissa Diallo

El 5 de diciembre del año pasado, el Institut Municipal de Informàtica (IMI) publicó en el Portal de Contratación Pública de la Generalitat un anuncio de licitación para la contratación de la prestación de servicios técnicos de participación electoral para el Ayuntamiento de Barcelona que incluye el voto electrónico y el apoyo técnico a las votaciones presenciales, por 1.998.194 euros. Este contrato se ha adjudicado a Informática El Corte Inglés.

Datos del padrón municipal

La Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica recuerda en la denuncia que la finalidad es que mediante la adjudicación de este servicio se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas en la ciudad de Barcelona. La elaboración del censo para las consultas, incide, se haría a través de la incorporación de datos del padrón municipal, tan pronto como fuera convocada la multiconsulta por el consistorio.

El pliego de condiciones establece que "podrán votar a las personas de más de 16 años" empadronadas en Barcelona, estimando un "universo potencial de 1,4 millones de habitantes". En la descripción de los servicios se señala "expresamente", según los denunciantes, la cesión de datos del padrón a la empresa que resulte adjudicataria para hacer este trabajo.

En uno de los puntos se especifica que la sociedad que se contrate recibirá la información del censo por parte del Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de añadir que se tendrán que tomar las medidas para que los datos no puedan ser usados para otras finalidades.

Derecho a la intimidad

Los denunciantes sostienen que el expediente de contratación anunciado por las autoridades municipales podría incurrir en la vulneración del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar, y al mismo tiempo exponen que el organismo responsable de la "guarda y protección" de los datos del padrón municipal es el Ayuntamiento de Barcelona.

La asociación también considera que con esta licitación se está infringiendo la ley de protección de datos, ya que la cesión de la información del padrón municipal se estaría haciendo sin el consentimiento de la persona afectada. Alega, asimismo, que el Ayuntamiento de Barcelona "traspasa la frontera del ámbito de sus competencias", llevando a cabo un tratamiento de los datos para "una finalidad incompatible" (como hacer consultas populares) con el objetivo para el que fueron recogidos. La asociación sostiene que el tratamiento de datos personales de los menores de edad sin su consentimiento y de los tutores también se vulneran sus derechos.