Carmen Lamela se ha convertido en una de las heroínas de los españolistas que salen a la calle a gritar "Puigdemont a prisión" con banderas catalanas y carteles donde se pide Pau y Convivència. Su actuación ha cambiado de manera radical los términos del enfrentamiento que el gobierno de Catalunya y el gobierno español han mantenido los últimos años.

Las órdenes de la magistrada han inspirado artículos que recuerdan la prensa de otras épocas, cuando las conquistas militares marcaban la vida del continente. Los periodistas remarcan que es imparcial y perfeccionista. Pero no explican, por ejemplo, que la aplicación económica del artículo 155 depende de su hermana, que fue nombrada interventora general del Estado hace cosa de un año.

Tres días antes de la celebración del Referéndum, Lamela obtuvo la titularidad del juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, donde hacía un par de años que trabajaba. Casualidad o no, pocos días después tenía en sus manos la libertad de los líderes políticos y civiles del independentismo. Al día siguiente del referéndum recibió una condecoración al mérito policial del Ministerio del Interior. El año pasado la guardia civil la galardonó con otro reconocimiento.

El terremoto juridicopolítico que vivimos empezó cuando Lamela aceptó una querella del fiscal general del Estado contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El caso lo tenía que llevar otro magistrado, pero el decano de la audiencia le acabó remitiendo la querella aduciendo que era la magistrada de guardia el día que pasaron el hechos que se denunciaban.

Lamela decretó prisión incondicional para los líderes del ANC y de Òmnium, que duermen en Soto del Real desde hace dos semanas acusados de rebelión y de sedición, dos delitos que en principio piden violencia. Hace unos días también encerró sin fianza en el talego a la mitad del gobierno de la Generalitat, mientras que el resto de consellers se refugiaban en Bruselas con el presidente.

Aunque la Audiencia se declaró incompetente para juzgar los cargos de sedición en un caso de 2008 contra el alzamiento franquista, Lamela creyó encontrar base jurídica para sacar adelante las dos instrucciones. Alejada de la hegemonía que el independentismo tiene en Catalunya, parece que ha ordenado no solo lo que habrían ordenado la mayoría de jueces de Madrid, sino también muchos periodistas y políticos unionistas.

A pesar de los elogios que recibe de los diarios de Rajoy, que no han perdido ocasión de escarnecer la situación de los acusados, sus decisiones han levantado polvareda, y no sólo entre las filas independentistas. Este fin de semana un centenar de profesores de derecho penal han cargado contra su actuación, en un manifiesto. Los profesores la acusan de estar "gravemente equivocada" y de haber tomado medidas "gravemente desproporcionadas." Además un juzgado de Barcelona ha negado que el referéndum fuera ilegal, como se vendió a la prensa.

Los autos que Lamela ha dictado, dicen fuentes de la magistratura de Madrid, son una chapuza, sobre todo si se comparan con otros casos que ha llevado. Por ejemplo, es extraño ver riesgo de fuga en consellers que volvieron expresamente de Bruselas para presentarse en el tribunal. El hecho que no haya tenido en cuenta la situación particular de cada acusado también le saca credibilidad, igual que el hecho de haber comprado de arriba abajo el relato de la Guardia Civil.

Lamela trabajó por el gobierno de Zapatero y forma parte del Madrid pijoprogre. Su actuación es la expresión de los acuerdos de la Transición y de una democracia que no depuró el franquismo, ni su imaginario. Como harían la mayoría de jueces españoles, la magistrada trata a los líderes catalanes como los líderes de una colonia sublevada. Es el coco que, a falta de un general cruel y sanguinario, el Estado necesita enseñar a los ciudadanos de Catalunya para intentar que abandonen toda esperanza de liberar el país.

Aunque los diarios insisten en que es una señora discreta y con pocas ganas de hacerse notar, Lamela tiene sus ambiciones. Madre de dos hijos que ya son mayores, en el mes de mayo se postuló sin éxito para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Antes de poder ejercer en Madrid, tuvo que pasar por Alicante, Villarreal y Barcelona.

Su marido, que vive con ella en el barrio de Salamanca, es titular del juzgado de primera instancia número 32 de asuntos hipotecarios de Madrid. En la capital es conocido por la cantidad de sentencias de desahucio que ha aplicado los últimos años, más de un millar por temporada. Su juzgado funciona con interinos porque nadie quiere la plaza y la PAH lo denunció al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de Madrid acusándolo de ser poco riguroso y favorecer los bancos.

De momento, Lamela ha arrastrado el independentismo hacia el discurso de Podemos, que vive de acusar la derecha española de franquista y autoritaria. Es cierto que, para evitar juicios y depuraciones, el franquismo se atrincheró en la judicatura incluso más que en el ejército, que pronto se encontró dentro de la OTAN. Pero no tiene ningún sentido pretender que España no es un estado de derecho.

Lamela se dedica a aplicar la justicia española como española que es, con la sensibilidad y el imaginario de Madrid. Quizás a medida que pasen los meses, los políticos catalanes empezarán a entender que la democracia y la justicia no existen en el mundo real sin una patria concreta y reivindicarán la necesidad urgente de que los catalanes sean juzgados por catalanes, aunque se oigan españoles.

Mientras eso no pase el independentismo se irá consumiendo en manifestaciones y discursos estériles, que evitan el conflicto absurdamente y sólo excitan al sentimentalismo, la impotencia y una rabia mal dirigida, a que un día estallará sin control ni dirección.