La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y su hijo Gorka por un posible perjuicio de al menos 45 millones de euros a las arcas del organismo. La decisión llega después de que esta mañana se les haya tomado declaración en la Audiencia Nacional.
Las fiscales Inmaculada Violán y Esther González han pedido al juez Santiago Pedraz que envíe a prisión a ambos después de una sesión de declaración en la Audiencia. Tres horas y media, de 10.00 hasta las 13.30 horas, y tras la celebración de la correspondiente vista para la adopción de medidas cautelares, el juez de la Audiencia Nacional decidirá finalmente si decreta la prisión, según informaron fuentes jurídicas a Efe.
Detenido y declaración
Padre e hijo y los otros dos arrestados en esta operación (el presidente de la federación de Tenerife, Juan Padrón, y el secretario de esta federación regional, Ramón Hernández Baussou) han sido trasladados esta mañana por la Guardia Civil a la sede de la Audiencia Nacional tras ser detenidos el pasado martes. Los cuatro, que han permanecido en dependencias de la Guardia Civil, se acogieron a su derecho a no declarar ante los agentes de la UCO, que han dirigido la operación en la que se les acusa. En todo momento se habla de que se habrían lucrado en beneficio propio de al menos 45 millones de euros de las arcas del ente federativo.
Tras sortear en los últimos años varios escándalos de corrupción, como el caso FIFA, Ángel María Villar, de 67 años, fue arrestado en una investigación que se inició a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) presentada en 2016. Esta mañana hacia las ocho ha llegado a la Audiencia Nacional a bordo de un coche, mientras que el resto lo ha hecho una hora y media después en furgón policial.
Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partir de una auditoría del CSD que reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por la empresa de Samper por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección. Los investigadores apuntan que Villar, que lleva 28 años en el cargo, cobraba comisiones por la celebración de partidos de la selección y se servía de su sitio para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo Gorka, abogado experto en derecho deportivo y al frente de varias empresas donde eran desviadas cantidades de dinero.