La fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido abrir una causa penal para investigar las presuntas responsabilidades penales de los dos últimos consellers de Cultura de la Generalitat, Santi Vila y Lluís Puig, en el litigio por los bienes del Monasterio de Sixena pendientes de volver a Aragón.

El dictamen de la Fiscalía, hecho en respuesta a una denuncia del Ayuntamiento de Villanueva de Sixena, considera que tanto Santi Vila como su sucesor, Lluís Puig, habrían incurrido en presuntos delitos de desobediencia al rechazar hasta en tres ocasiones el cumplimiento de la orden de la jueza oscense de devolución de las piezas.

Sobre Santi Vila, actual titular de la Conselleria d'Empresa, el fiscal apunta, además, a la posible comisión de un delito de prevaricación, ya que dictó una resolución en la cual vetaba la posibilidad de disgregar la colección del Museo de Lleida, donde están en depósito las 44 piezas reclamadas desde Aragón.

El dictamen, firmado por Fidel Cadena, antiguo fiscal oscense y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), considera la sala de lo penal del Supremo competente para abrir una causa contra los dos consellers, aforados en el Parlament catalán.

En un extenso informe, el fiscal precisa los incumplimientos de los responsables políticos desde la publicación de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 oscense que ordenó la devolución de las piezas, en abril del 2015.

Argumenta el ministerio público que Santi Vila incumplió en mayo del 2016 la orden judicial de elaboración de un plan de transporte y de envío, antes del 25 de julio de aquel año, de las piezas reclamadas a Sixena, "primera sede del Archivo de la Corona de Aragón y Panteón Real", añade el dictamen.

"El conseller —señala el fiscal— hizo caso omiso de la orden y no cumplió ni lo uno ni lo otro, sino que envió, por el contrario, un escrito al juzgado diciendo que no cumpliría con la entrega del plan de transporte previo a la entrega".

Destaca la Fiscalía que este requerimiento se hizo después de que el Tribunal Constitucional rechazara un incidente de ejecución planteado por la Generalitat que pretendía dejar sin efecto la sentencia condenatoria.

En octubre del 2016, el juzgado oscense volvió a requerir a Santi Vila para que hiciera efectiva la devolución de los bienes bajo la advertencia de multas coercitivas y de responsabilidades penales.

El exconseller "se libró" de la obligación alegando que las piezas estaban en una colección que no se podía disgregar sin autorización del titular de la Conselleria de Cultura, "condenado —subraya el informe— precisamente a entregarlas".

El informe responsabiliza a Santi Vila de incumplir un tercer requerimiento hecho desde el juzgado oscense el mes de junio pasado en el cual se advertía de la deducción de posibles responsabilidades penales en caso de no devolverse las piezas antes del pasado 31 de julio, cuando ya le había sucedido en el cargo Lluís Puig, quien también rechazó la devolución.

Considera el fiscal que ha habido "desobediencia expresa" en relación con al menos tres mandatos judiciales, a pesar de haber sido advertidos los dos consellers con posibles responsabilidades penales.

Argumenta, además, que la jurisdicción sobre el delito de desobediencia corresponde al Tribunal Supremo, ya que su comisión se produjo no en Catalunya sino en el lugar donde debieron ser depositadas las piezas, el Monasterio de Sixena.

Con respecto al delito de prevaricación, cuya comisión sí se habría producido en Catalunya, la fiscalía considera que tiene que incardinarse en el de desobediencia, que absorbería el anterior a la hora de un posible enjuiciamiento.

Según el fiscal, Vila no sólo desatendió la orden de devolución de las piezas, sino que emitió un escrito contra la disgregación de la colección del Museo de Lleida con el fin de no cumplir con el requerimiento.

Después de pronunciarse a favor de la admisión a trámite de una investigación en la sala de lo penal del Supremo, el ministerio público entiende que tiene que seguirse causa contra los dos consellers para practicar las diligencias "precisas" para aclarar unos hechos que "revisten carácter de delito".