Vox presentó una querella contra los miembros del Govern y contra la Mesa del Parlament por varias consideraciones relacionadas con la convocatoria del referéndum. Entre estos puntos, considerados ilegales, hay el anuncio del referéndum, las partidas del presupuesto o la aprobación de la ley de Transitoriedad Jurídica y la creación de las estructuras de Estado, la ley del Referéndum entre otras.

El propósito de Vox era abrir una nueva querella contra el president Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, y todos los consellers, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa que han dado apoyo a todos los trámites para sacar adelante el referéndum. Y los delitos que pretendían imputar, al margen de desobediencia, prevaricación y malversación —que son los delitos que ya se imputan al Govern y la Mesa— había usurpación de funciones, conspiración para la rebelión y sedición.

La Sala Civil y Penal del TSJC ha aceptado la querella, pero no como pretendía Vox, y la ha unido a las querellas ya abiertas en dos salas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ya investigan a Puigdemont y su Govern y a Forcadell y la Mesa. Tampoco ha aceptado todos los delitos. Mantiene los que ya están en investigación: desobediencia, prevaricación y malversación, y descarta los otros.

La querella, por lo tanto, se reparte entre dos juezas: Mercedes Armas y Eugènia Alegret. Armas, que lleva la investigación del Govern, y Alegret, que se ocupa de Forcadell y la Mesa del Parlament, tienen que fijar ahora cada una una fianza que tiene que pagar Vox para que pueda formar parte del proceso. Hasta que no se fije, la paguen y entren en la causa, no podrán pedir medidas cautelares.