El ex presidente de Catalunya Caixa Narcís Serra presentaba verbalmente al consejo la información de un proyecto y al mismo tiempo cada consejero tenía un resumen que únicamente contenía un texto en el que no se entraba en el detalle de la operación sino que describía la inversión o proyecto, que se aprobaba por asentimiento sin votar. Así se cerraban las operaciones inmobiliarias de Catalunya Caixa que está investigando la Audiencia Nacional a partir de una denuncia de la Fiscalía que se admitió a trámite el 1 de marzo.

El consejo de administración era, según la Fiscalía, "una simple figura legal desprovista de todo tipo de eficacia controladora de los cargos directivos de la entidad". El consejo se reunía una vez al mes y tenía que aprobar entre 20 y 30 proyectos en cada sesión, sin ningún conocimiento técnico ni documentación que ayudara a valorar la idoneidad de la compra. Tampoco se votaba, se hacía por asentimiento. Pero cada miembro del consejo cobraba 1.000 euros sólo por asistir a la reunión.

Según la investigación, "el expediente que se entregaba a cada consejero contenía una mínima información del proyecto y este expediente únicamente podía ser consultado en la misma sesión en que se iba a votar su aprobación". Siguiendo este procedimiento a la Fiscalía no "le extraña que nunca se realizaran auténticas votaciones y que todos los proyectos se aprobaran por asentimiento".

"La ausencia de un auténtico control en la toma de decisiones -dice la querella- hacía que el director general y el director general adjunto eran quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones nunca fueran puestas en duda ni en la comisión ejecutiva ni en el consejo de administración".

Según la Guardia Civil, que ha investigado el caso, "no se pedía la información de los expedientes porque parecía una desconfianza hacia los ejecutivos de la caja y porque los buenos resultados de Procam, una de las empresas participadas, no se inclinaban hacia ninguna visión crítica que hiciera dudar de lo que se presentaba. Todos los proyectos propuestos por Procam venían informados favorablemente y siempre se aprobaban y se realizaba por asentimiento".

El año 2005, Procam suponía el 90% de los beneficios de la caja, y por este motivo, según la investigación "no hacía desconfiar de ellos".

La declaración de Narcís Serra

Narcís Serra declaró en sede policial, ante la Guardia Civil en el momento que se empezó a investigar el caso. En el interrogatorio policial, Serra explica que "en sus cinco años (como director general de Catalunya Caixa) nunca se votó nada porque siempre se confió en los pasos de garantía", que también describe durante el interrogatorio policial: "Tenían que comprobar que primero los proyectos a aprobar iban con el visto bueno del asesor jurídico institucional, el
señor Llevadot; segundo que hubiera una aprobación por parte del comité de riesgos de la caja sobre el proyecto y que la propuesta desde un punto de vista comercial o económico era avalada por los directivos de la caja. Y en función de eso se aprobaba".

La Guardia Civil concluye que "no se informaba si los activos eran o no del socio inmobiliario, tampoco si existían o no pagos por intermediación, ni si existían o no garantías en función de la recalificación final de los terrenos que aseguraran la inversión".

Serra admite que la financiación de las operaciones sí las aprobaba el consejo de administración de Catalunya Caixa, pero no las compras de los terrenos. Estas operaciones las aprobaban los consejos de administración de las sociedades participadas.

Según la declaración en sede policial de Narcís Serra "se cobraban unos mil euros por asistencia al consejo o a la comisión y las reuniones eran mensuales", y "los comités de inversiones analizaban las operaciones que superaban el 3% de alguna medida de la caja" que no pudo explicar durante el interrogatorio porque no lo recordaba.

Serra no explica por que la comisión ejecutiva aprobaba proyectos superiores a los 6 millones de euros. "La única explicación es que existiera un error del asesor jurídico institucional, el señor Llevadot, ya que ellos no conocían estos límites", dice. Y se extraña de que la comisión de control no lo detectara. Las funciones de la comisión de control eran verificar y garantizar la legalidad de las decisiones del órgano de gobierno.

Los 15 investigados

La querella de la Fiscalía centra la investigación en la ex cúpula de Catalunya Caixa. Se trata de la dirección de la entidad y de los miembros de la comisión ejecutiva. También hay los responsables de la empresa participada Procam.

Narcís Serra fue presidente de Catalunya Caixa (CX) desde el 16 de marzo de 2005 hasta el 16 de noviembre del 2010. Serra fue con anterioridad dirigente del PSC y alcalde de Barcelona del 1979 al 1982. Abandonó el Ayuntamiento para ser ministro de Defensa del primer Gobierno de Felipe Gonzalez y después ocupó el cargo de Vicepresidente del Gobierno socialista. En el año 2005 accedió a la presidencia de Catalunya Caixa y la abandonó al cabo de 5 años. Se hizo público su aumento de sueldo en medio de la crisis económica y saltó a la luz el primer caso por el que todavía se le está investigando por los sobresueldos de los altos cargos de la entidad financiera. Serra está pendiente de juicio por este caso.

José Maria Loza Xuriach, director general de CX desde 1998 hasta febrero de 2008.
 

Adolf Todó Rovira, director general de CatalunyaCaixa por acuerdo del consejo de administración de fecha 22 de enero de 2008 con efectos de 1 de marzo de 2008.
 

Lluís Gasol Moros, director general adjunto de CX desde 1998 y desde el año 2005 también fue administrador único de PROCAM hasta el año 2008.
 

Eduardo Aznar Berrezuelo, director ejecutivo de PROCAM desde el año 2005 y miembro de los consejos de administración de las sociedades participadas por PROCAM.
 

Joan Valls Porcel, director del área inmobiliaria de PROCAM desde el año 1998 hasta el año 2010.

Además están los 9 miembros de la comisión ejecutiva de Catalunya Caixa: Joan Güell Juan, Antoni Llarden Carratalá, Joan Manuel Pla Ribas, Josep Alonso Roca, Joan Echániz Sanz, Josep Molins Codina, Montserrat Robuste Claravalls, Francesc Josep Villegas Herrero y Josep Maria Alentorn Torras.