Las acusaciones del caso Benítez -Fiscalía, la familia de la víctima y la Associació per la Defensa dels Drets Humans- se han hecho hoy atrás en el juicio ante los "factores de riesgo y de incertidumbre en la previsible evolución que tenía", según la acusación popular. El hecho de que un jurado popular tuviera que decidir el futuro de los mossos que se exponían a 14 años de prisión y que acabarán suspendidos de empleo y sueldo durante 2 años y desterrados del barrio del Raval, dónde pasaron los hechos, durante 5, ha hecho temblar a las acusaciones, que finalmente han decidido llegar a un acuerdo para evitar el juicio.

Había demasiado miedo de que el jurado popular dejara a los acusados indemnes ante del listado de dudas que se preveía que lanzaran durante el juicio las defensas de los Mossos. Según Àlex Solà, abogado de la Associació per la Defensa dels Drets Humans, la semana pasada la Fiscalía "empezó a poner sobre la mesa que había dudas de que se pudieran probar" algunos extremos de la investigación. "La herramienta del trabajo del jurado es la duda", dice Solà, que ha apuntado que había el temor que esta duda acabara dejando impunes los hechos y más si venían "sorprendentemente desde el mismo barco". Señalaba en este sentido a la fiscalía. "Algunos de los remeros han admitido que este asunto presentaba dudas", ha concluido Solà.

Solà ha tenido que defender el acuerdo dentro de la sala de vistas y ante la prensa. Su compañera, Laia Serra, que llevaba el caso con él, no ha querido ni siquiera subir al estrado a la hora de rubricar el acuerdo. Se ha mantenido totalmente al margen visiblemente dolida, momentos antes de entrar en la sala de vistas. 

El acuerdo de mínimos al cual se ha llegado ha decepcionado a la plataforma de apoyo Justicia para Juan Andrés, que ha acabado chillando a los mossos "asesinos, asesinos" dentro de la sala de vistas, donde se ha formalizado el pacto. 

Los 6 mossos acusados de homicidio doloso, David Cruz, Joel Navarro, David GarcíaEduard Gallardo, Ramon de Dios y Jesús Jamal han admitido que tuvieron una actuación desproporcionada con Juan Andrés Benítez, a quien intentaban reducir. Esta aceptación era parte del acuerdo. A cambio los han condenado a 2 años de prisión, pero no entrarán porque no tienen antecedentes. Además, estarán suspendidos de empleo y sueldo durante 2 años y cuando vuelvan al cuerpo no podrán patrullar por el Raval durante 5 años, y estarán bajo libertad vigilada. También tendrán que hacer un curso de derechos humanos y pagar parte de la indemnización a la familia de la víctima, de 150.000 euros. La hermana de Juan Andrés Benítez, que hacía unos cuatro años que no veía a su hermano, es la beneficiaria.

En el momento de conformar el pacto el abogado de la Generalitat ha intervenido para decir que el Departament d'Interior asume el compromiso de revisar el protocolo que se utiliza frente a personas alteradas.

Aparte de los 6 mossos condenados por homicidio doloso, hay dos más que borraron pruebas. Los han condenado por obstrucción a la justicia, a tres meses de prisión. Tampoco entrarán y estarán suspendidos de empleo y sueldo y tendrán que hacer un curso de derechos humanos.

Mossos peligrosos

La sentencia reconoce que los 6 mossos condenados por homicidio doloso son peligrosos y por este motivo se les prohíbe patrullar durante 5 años. Según la Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans la sentencia es ejemplificadora en este sentido y además representa el reconocimiento a "la gente que vive en el Raval en un estado permanente de una situación de vida muy complicada y con formas policiales fuera toda lógica y toda legalidad".

De hecho, el mismo Departament d'Interior reconoció en el momento de los hechos que tenía un problema en la comisaría del Raval y aprovechó para hacer limpieza relevando al jefe.

Para Solà, aunque admite que la sentencia puede ser decepcionante consigue apartar a los mossos durante 7 años de la calle. Dos han quedado suspendidos de sueldo y trabajo y cinco sin poder patrullar. La acusación popular pedía inhabilitación para siempre.

 

Convencidos de que actuaron bien

La sentencia recopila que los acusados fueron conscientes de que hicieron una acción desproporcionada. Detalla que hubo desproporción de número de agentes sobre la víctima. Desproporción de número de golpes que le dieron cuando ya estaba en el suelo, cuando no hacía falta. Una duración de la contención que sería "claramente" excesiva. 

La sentencia también pone de relieve, y los acusados admiten, que los "gritos, lamentaciones de la víctima, y la respiración agitada, podían alertar a cualquier persona del estado de estrés" en qué se encontraba Juan Andrés Benítez. Y añade que éste fue provocado por la misma maniobra de contención y reducción desproporcionada y que eso lo veía un "ciudadano medio, y todavía más las fuerzas y cuerpos de seguridad". 

También admiten que a pesar de haber una ambulancia del SEM en el lugar de los hechos desde el primer momento, no pidieron asistencia médica hasta que Benítez quedó inconsciente.

Los acusados provocaron a la víctima múltiples heridas por golpes en la cara, el pecho, la mano y el lado izquierdo. En el momento de la muerte tenía 524 centímetros cúbicos de sangre en el estómago.

Juan Andrés Benítez murió a causa de una parada cardiorrespiratoria a causa de las lesiones, sobre todo por los golpes a la cabeza, una enfermedad cardiaca que tenía hacía tiempo, el consumo de cocaína que había hecho horas antes de los hechos y el estrés que le provocó la reducción policial, según la conclusión.

Aunque los mossos procesados han admitido los hechos, y por lo tanto que actuaron desproporcionadamente hasta causar la muerte de Juan Andrés Benítez, su abogado salía satisfecho y explicando que los agentes "están convencidos de que actuaron cómo les enseñaron". Para el letrado Josep Fuster-Fabra, que ha hecho las declaraciones en la puerta de la Audiencia de Barcelona en medio de un griterío monumental, "con este ambiente era un riesgo" hacer el juicio con jurado popular.

Las defensas vieron los resquicios y las dudas que presentaba la fiscalía para demostrar las periciales y aprovecharon para presentar un pacto de mínimos que no ha pasado en ningún momento sus líneas rojas: Ni prisión ni expulsión del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. "Y lo hemos conseguido las defensas", ha indicado Fuster-Fabra.

Ahora bien, según la defensa de algunos de los agentes acusados, hay Mossos a los cuales les es difícil aceptar que cometieron un homicidio porque "ni siquiera tocaron a Benítez". Lo aceptan en solidaridad con sus compañeros, apuntan las mismas fuentes a El Nacional.

Foto: Albert Garcia

Tensión y decepción

Una pequeña concentración esperaba a los mossos acusados en la puerta de la Audiencia de Barcelona esta mañana. Pero nadie ha visto entrar a los agentes. Hasta que no se ha celebrado la vista pública no se ha podido ver por primera vez a los acusados. 

La concentración de rechazo a la actuación policial, donde había Gabriela Serra, diputada de la CUP, se ha trasladado dentro de la sala de vistas, donde algunos manifestantes han criticado a los mossos y después sus abogados por el pacto de mínimos en lo que se ha llegado.

Juicio insólito y con polémica

De hecho, el juicio habría sido insólito por la imposibilidad de gravar a los acusados mientras declararan. Estaba previsto poder gravar el sonido, pero no la imagen, aunque los juicios son públicos. Hasta ahora, la única petición expresa que se había hecho siempre a la prensa había sido la de no gravar al jurado popular. La Fiscalía habría pedido que sólo se permitiera gravar en imágenes los informes previos y las conclusiones. 

El juicio se tenía que hacer con jurado popular por un homicidio doloso o imprudente con el objetivo de determinar si los mossos, durante la reducción, fueron conscientes de que podían causar la muerte al fallecido. La fiscalía pedía once años de prisión para seis de los mossos como responsables de la muerte del empresario. 

En la entrada al juicio, por la puerta de presidencia, el juez José Luís Ramírez ha intentado esquivar a los medios sin éxito.