Las asociaciones de guardias civiles han levantado la voz en contra del Gobierno español justo después de anunciarse que agentes de este cuerpo podrían asumir las tareas de control de seguridad al Prat a causa del caos provocado por las huelgas de los trabajadores de Eulen.

Justo conocerse la noticia, las asociaciones de guardias civiles han recordado que, si no se hubiera privatizado la seguridad, antes en manos de este cuerpo, ahora no tendrían que adoptarse medidas de urgencia como la decidida hoy.

Y se remiten a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, con respecto a las competencias exclusivas de la Guardia Civil, dice sobre su incumbencia: "La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran."

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) insiste, en un comunicado, que ya avisó de las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad tanto en aeropuertos como en centros penitenciarios. "Ahora que se evidencia el conflicto acude a la Guardia Civil por solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos que no tienen derechos fundamentales como el de sindicación y negociación colectiva", añade.

Problema de gestión

Para la AUGC, la medida supone "un problema de gestión", ya que la plantilla de la Guardia Civil "se encuentra bajo mínimos y, además, las funciones de control en aeropuertos tiene que llevarse a término por agentes especializados y con autorización de Aena". La asociación no está dispuesta a aceptar que "sean los agentes de base quien acabe pagando las consecuencias del conflicto laboral" de los vigilantes, con los cuales se solidariza.

Desde la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), su presidente, Ramón Rodríguez Prendes, ha expresado su defensa de los servicios públicos y su "firme oposición a suprimir puestos de trabajo que venían ocupando" los agentes de este cuerpo policial. Por eso exige al Ejecutivo que "se ponga las pilas" y reponga e incremente los efectivos de la Guardia Civil en los aeropuertos y en las prisiones.

Mientras tanto, desde la Unión de Oficiales (UO), su portavoz, Jesús Martín Vázquez, pide al Gobierno que se acuerde de la Guardia Civil "no sólo para cumplir con su obligación", porque llevan "muchísimo tiempo demandando la equiparación salarial" y sigue" sin "llegar". "No tenemos plantilla suficiente y, no obstante, hay que reforzar lo que otros no hacen", añade Martín Vázquez.

Por su parte, el presidente de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), Fernando Ramírez Trejo, ha reconocido que, si hay un problema de orden público, el Gobierno tiene que actuar y ha recordado que este cuerpo siempre ha estado en los filtros de los aeropuertos y, de hecho, sigue supervisando la labor de Eulen. Ramírez Trejo ha puesto énfasis en la necesidad de garantizar la orden y en la conveniencia de separar este conflicto laboral de la situación política de Catalunya.

Ayer y antes de la decisión, ya se pronunció la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que criticó que el ministerio del Interior recorra a sus servicios "de nuevo" para "dar una solución" a los parones, que considera "un conflicto laboral de dos empresas privadas". También reprochó que, a pesar de ser el cuerpo de seguridad del Estado "peor pagado" y "peor tratado", Interior les pida intervenir en un conflicto entre dos sociedades privadas, cosa que previsiblemente les hará "sufrir las iras" de unos trabajadores que ven a los guardias civiles como "enemigos".