La última reunión entre la empresa Eulen, el comité de huelga y la mediación de la Generalitat ha acabado sin acuerdo, con lo cual sigue en pie la convocatoria de una nueva huelga a partir del 8 de septiembre.
Los vigilantes de seguridad del Prat decidieron ayer en asamblea por unanimidad convocar nuevas paros todos los viernes a partir de la fecha señalada para reclamar que la empresa dé marcha atrás en las sanciones aplicadas contra cuatro trabajadores -dos despidos y dos expedientes-.
En declaraciones a los medios después de la reunión, que ha durado unas dos horas, el secretario general de Treball, Josep Ginesta, ha lamentado que la empresa haya ido a la cita con una posición "cerrada" con respecto a las demandas de los trabajadores.
También ha considerado un impedimento para llegar a un acuerdo el hecho de que los representantes que han participado en la reunión no tuvieran poder decisorio. Lo ha atribuido a la urgencia con que se los ha llamado después de que esta mañana el comité de huelga haya presentado la nueva convocatoria de paros.
No obstante, ha confiado en que la actitud de la empresa cambiará en la nueva reunión que hay convocada para mañana a las 11 horas, cuando irán representantes de mayor rango.
Además, Ginesta ha destacado que Eulen considera que las demandas que hacen ahora los trabajadores no son susceptibles de un nuevo conflicto, sino que forman parte del anterior, que ha sido el que ha provocado largas colas en los controles de seguridad el Prat durante el verano.
"Lo que nos preocupa es que el laudo que tenemos en las puertas ponga fin al conflicto, que es una cuestión que puede ir más allá de lo estrictamente jurídico y que es más genérico. Lo que conviene a todas las partes es encontrar la solución definitiva al conflicto", ha subrayado.
El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha considerado "nefasta" la actitud de la empresa, que no ha querido hacer ningún tipo de declaración.
Este jueves, el árbitro designado por el Estado, Marcos Peña, hará público el laudo de cumplimiento obligado que tiene que poner punto final al conflicto inicial.