El Ayuntamiento de Barcelona recibió una petición de la mujer desahuciada en Sants para obtener una vivienda social el 20 de junio del 2016, tres meses antes del desahucio de este miércoles. El juzgado aplazó entonces el desalojo para que Servicios Sociales tuvieran margen para darle un piso, según fuentes judiciales. Pero el Ayuntamiento no realojó a la familia hasta ayer, horas después del desahucio polémico que ha enfrentado a la alcaldesa Ada Colau con el Govern de la Generalitat, los Mossos y los juzgados.

En un gesto poco habitual, el juzgado de primera instancia número 9 de Barcelona ha explicado hoy toda la cronología de los hechos exponiendo que se paró el desahucio hasta dos veces, precisamente, porque había menores en el piso, cuando la ley sólo prevé una prórroga. La jueza vio la necesidad de parar el segundo desahucio y tuvo que alegar entonces que la situación era diferente, precisamente porque la familia estaba esperando que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona la realojaran, tal como había pedido.

La jueza explica que no supo hasta el momento de la llegada de la comisión judicial en el inmueble que había menores en el piso. Y que justamente este fue el motivo para que se detuviera el primer desalojo previsto en aquel momento para el 13 de enero de 2016. Cinco meses después, el juzgado comunicó la nueva fecha de desahucio y es cuando la mujer presentó entonces un oficio donde constaba que había pedido a los Servicios Sociales una vivienda. El sello del oficio es del 20 de junio del 2016, por lo que la jueza decidió dar tres meses a Servicios Sociales para encontrar el piso social para la mujer y aplazó nuevamente el desahucio hasta el 14 de septiembre, ayer, que es cuando lo hizo efectivo.

En la cronología de los hechos que detalla el juzgado, se expone que no se tuvo conocimiento de que en el piso vivían personas diferentes a las que constaban en el contrato hasta 4 meses después de haber puesto en marcha todo el procedimiento.

Cronología

La denuncia del particular contra su arrendatario es del 29 de julio de 2015. La reclamación es por impago del alquiler desde el mes de marzo de aquel año. Y la demanda se presenta contra el titular del contrato, que no es la familia que se desahució este miércoles.

En octubre del 2015 se admitió la demanda. Se podía recurrir, pero no lo hizo nadie. El juzgado dictó el decreto de admisión y anunció la fecha de la vista oral para el 11 de noviembre de 2015. Se puso entonces sobre la mesa una posible fecha de desahucio para el 13 de enero de 2016.

El 3 de diciembre de 2015 se acabó el tiempo para recurrir y se tramitó la demanda de desahucio. El 11 de diciembre se presentó al juzgado una mujer pidiendo un abogado de oficio para este caso. Explicó que había tenido una relación con el titular del contrato y que es ella quién vivía en el piso. Según el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, es la primera vez que se tuvo conocimiento de la existencia de esta mujer y que en el piso vivía una mujer diferente al titular del contrato. El juzgado le tramitó el abogado de oficio, entró en la causa y por lo tanto se le comunicó que el 13 de enero la desahuciarían. La mujer no se opuso en aquel momento a la medida, según las mismas fuentes.

El 13 de enero de 2016 la comisión judicial fue a hacer el desahucio y vio que en la vivienda había menores. Según la jueza, no se había explicado nunca antes que en el piso residían niños. Y a consecuencia de ello se paró el desahucio.

El 2 de mayo, cinco meses después, se comunicó la nueva fecha de lanzamiento. La mujer pidió una prórroga y se le concedió porque había menores en el piso.

La mujer presentó entonces a los juzgados un oficio donde consta que había pedido a Servicios Sociales del Ayuntamiento una vivienda social. El sello del oficio de Servicios Sociales lleva fecha del 20/6/2016.

El juzgado fijó entonces una nueva fecha de actuación teniendo en cuenta el tiempo de espera para adquirir una vivienda social y pospuso el desahucio para el 14 de septiembre de 2016.

Aquel día se desahució la familia, si que Servicios Sociales la hubiera realojado.