"Parece que el motivo del arresto era intimidatorio en vez de basarse en la ley". Este es uno de los argumentos de la denuncia presentada por Josep Mª Jové, cerebro del referéndum y mano derecha del vicepresident Oriol Junqueras, detenido el 20 de septiembre por la Guardia Civil. Su abogado ha llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se habrían vulnerado sus derechos y la detención habría sido ilegal: "El solicitante fue detenido más allá del periodo necesario para los propósitos de la investigación y sus derechos no fueron respetados. En consecuencia, el arresto y la detención no estaban de acuerdo con la ley".

La demanda presentada por Josep Mª Jové, a la cual ha tenido acceso El Nacional, expone que Jové "no recibió ninguna información adecuada sobre los motivos de su detención" y que el procedimiento "en ningún caso cumple los requisitos básicos del artículo 6".

También denuncia la orden de pago del Tribunal Constitucional de 12.000 euros al día a partir del 23 de septiembre. En ese momento, el alto tribunal le impuso la multa y lo obligó a desactivar todo el operativo del referéndum, pero Jové estaba detenido y no compareció ante ningún juez ni se pudo defender. La demanda explica que Jové "no fue notificado de los procedimientos en los que se impuso la orden original, ni de los procedimientos en los que se encontró una infracción del orden ni de los procedimientos en los que se hizo la multa", y denuncia que la detención de más de 50 horas por la Guardia Civil impidió que pudiera comparecer ante el tribunal.

El abogado de Jové, Andreu van Den Eynde, destaca en la pide que "el enorme tamaño de esta multa diaria y los poderes de incautación que se adjuntan ponen el solicitante en un grave riesgo de sufrir un daño irreparable que afecta a su derecho a la vida (artículo 2), su vida privada y familiar (artículo 8) y sus posesiones (Artículo 1 Protocolo nº. 1)" y remarca que "la medida es claramente desproporcionada para cualquier objetivo legítimo, incluso si se pudiera establecer lo que se deniega".

Por este motivo se argumenta que "la imposición de una multa de este nivel tenía claramente intención de tener efectos intimidatorios" y que se vulneran sus derechos según los artículos 8, 10, 11 y protocolo del artículo 1. "De nuevo, esta medida no era ni necesaria ni proporcionada", concluye la demanda.

La demanda que ya se ha presentado al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos relata los hechos desde la detención de las 8 de la mañana del día 20 de septiembre y describe las irregularidades. Como que no recibiera "información detallada sobre la acusación en el momento de su detención en violación de los artículos 4 y 6 de la Directiva 2012/13/UE".

El texto relata cómo fueron las primeras horas, sin avisar al Colegio de Abogados ni a su letrado para poder localizarlo rápidamente, cómo se dilató la resolución del hábeas corpus, que se tuvo que hacer con la recusación del juez porque había el mismo magistrado de guardia que había ordenado las detenciones, y cómo declararon con esposas, a pesar de pedir poder sacarlas.