Acotación máxima de las funciones de la Guàrdia Urbana de Barcelona ante los disturbios en el barrio de Gràcia. La directriz de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido mantenerla en sus competencias y evitar que vaya más allá de ejercer medidas preventivas o dispositivos de tráfico fuera del perímetro, poniendo fin a la confusa delimitación competencial que ha habido hasta ahora. La decisión ha provocado que todo el dispositivo de orden público del Banc Expropiat haya recaído en los Mossos d'Esquadra.

Durante este año de mandato, Colau no ha hecho cambios en las estructuras de la policía local, evitando la "limpieza" que se le pedía. Mantener a Evelio Vázquez como intendente mayor le costó sus críticas. Pero lo que sí que ha hecho es trazar la línea que no pueden traspasar, no dándoles alas para intervenir en los grandes conflictos de la ciudad donde la seguridad está en juego y en manos de los Mossos d'Esquadra, que tienen la responsabilidad en el orden público.

Con Amadeu Recasens, exdirector del Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la escuela de formación de Mossos y policías locales, como supervisor de la estrategia policial, ha habido una voluntad de fijar con pelos y señales las funciones de la Guàrdia Urbana, después de que en los anteriores mandatos se hubieran excedido, invadiendo competencias de la policía nacional de Catalunya, bajo el mando de Joaquim Forn (CiU) o de Assumpta Escarp (PSC) con anterioridad. De hecho, crearon una unidad de antidisturbios, cuando la Guàrdia Urbana no tiene competencias en orden público y no recibía la formación y entrenamientos pertinentes.

Así, la formación también ha tenido que ver. Fuentes policiales explican que no tienen la suficiente preparación como para llevar a cabo las intervenciones. En este sentido se suma también la disolución final de la Unitat de Suport Policial, después del acuerdo llegado con la CUP para facilitar la aprobación de los presupuestos para 2016, pero que se ha acabado transformando en la Unitat de Reforç a la Proximitat i Emergències (URPE).

Quejas

Las decisiones de Barcelona en Comú en materia de seguridad tienen en pie de guerra el sindicato de UGT de la Guàrdia Urbana, a quien le gustaría seguir participando de acciones tales como enviar agentes de paisano para identificar a violentos o frenar los saqueos en establecimientos y sucursales bancarias. Su portavoz, Eugenio Zambrano, ha reivindicado a El Nacional que “tenemos que colaborar, porque el código penal dice que estamos obligados a no mirar a un lado si hay violencia”.

La tensión es tal en el sindicato que incluso el propio Zambrano acudió este jueves al Ajuntament, en plena firma del pacto entre Colau y el PSC de Jaume Collboni, para exigir una reunión. En medio de los pasillos, el hombre se le quejó de que “se nos remitió a Asens” cuando le pidieron una reunión. “Basta ya de ponernos barreras”, ha criticado hablando con este diario, reiterando que quien tiene la responsabilidad en seguridad es Colau y por lo tanto, quieren hablar “directamente” con ella.

“Aquellos que decían que venían a la política con unos valores éticos y de transparencia estamos viendo ahora que ésta brilla por su ausencia”, ha criticado, añadiendo que “cada día cuesta más”, en referencia también al caso de las agresiones a agentes por parte de los manteros y la polémica mediación de Asens para evitar que la abogada de uno de los guardias pidiera la prisión para el violento. “Se nos ha hecho perder el principio de autoridad”, se ha quejado.