Dos catedráticos de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y tres de sus colaboradores han sido detenidos y acusados de estafa por vender como remedio contra el cáncer un fármaco sin homologar por el que habrían ingresado unos 600.000 euros a través de una fundación sin ánimo de lucro.

La Policía Nacional ha informado hoy de que los dos profesores de Biología Celular, socios en la empresa Lipopharma, fueron arrestados la semana pasada, interrogados y puestos en libertad con cargos a la espera de declarar ante el juez de instrucción 9 de Palma, que se ha hecho cargo de la investigación.

Los detenidos están imputados por suministrar a enfermos de cáncer una medicina que tienen patentada con el nombre de Minerval y que está en fase de estudio clínico, por lo que su comercialización es fraudulenta al carecer del permiso preceptivo de la Agencia Española del Medicamento.

La Policía ha recabado testimonios según los cuales algunos familiares de pacientes oncológicos habrían llegado a pagar hasta 25.600 euros por un fármaco cuyos efectos anticancerígenos no están comprobados, para lo que los detenidos se amparaban en una fundación de fomento de la investigación a la que los perceptores del tratamiento hacían "donaciones". Los investigadores policiales afirman que el medicamento no solo se fabricaba en laboratorios de la UIB, sino que algunos enfermos acudían a recoger sus dosis al campus de Palma, desde donde se distribuía también a otros lugares de España.

Rumores y denuncias previas

El vicerrector de Investigación de la institución educativa, Jaume Carot, ha admitido que "al menos" desde 2011 los gestores universitarios recibieron "rumores" sobre estas prácticas, pero los intentos por confirmar su veracidad resultaron infructuosos y decidieron no actuar.

No obstante, en julio de 2015 la jefa del servicio de Oncología del hospital de referencia de la Comunidad, Son Espases, citó al rector de la UIB, Llorenç Huguet, a una reunión en la que le indicó que un paciente afirmaba que le habían ofrecido Minerval si pagaba por él, pero ese testigo se retractó, por lo que la universidad siguió sin acudir a la Fiscalía.

Finalmente lo hizo hace un año a instancias de la presidenta del Consejo Social de la entidad académica, Francesca Mas, que recibió una denuncia en el mismo sentido, pero no ya de un afectado, sino de la jefa del servicio de Oncología, que la tramitó a través de dos directores de centros de investigación.

El vicerrector Carot ha argumentado hoy que se actuó cuando tuvieron constancia "por escrito" de las presuntas irregularidades. "Actuar solo en base a rumores y sin una denuncia formal por escrito es una mala práctica", ha subrayado en defensa de su proceder.