Ante el compromiso del Govern de seguir adelante con el referéndum, saltando todos los obstáculos, el Estado español ha optado por la fuerza para impedir que la votación se celebre con normalidad. Después de que los Mossos hayan renunciado a enfrentarse a la población, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han asumido este papel. Se han producido cargas policiales en varios puntos del país, con una violencia extrema.