"Cuando uno se muere físicamente, no se muere digitalmente", ha asegurado este miércoles el conseller de Justícia, Carles Mundó, en referencia a un fenómeno novedoso asociado a la era digital que, hasta ahora, no estaba regulado. Es por eso que el Parlament ha aprobado este miércoles, con los votos favorables de todos los grupos, un proyecto de ley que permitirá regular la vida digital de las personas muertas. La ley también reconoce el valor del patrimonio de la huella digital y prevé medidas para evitar el acceso de menores a contenidos inapropiados en la red.
Según ha detallado Mundó, la ley responde a la incógnita de qué se hace con "la huella digital" que cada ciudadano deja en Internet y en las redes sociales después de haber muerto.
Es por eso que la iniciativa, tramitada por la vía de urgencia y defendida por el conseller de Justícia, prevé que los testamentos puedan contener voluntades digitales y permite la designación de un heredero digital, que se convierte en el encargado de administrar todas las cuentas y contenidos del difunto en la red de acuerdo con su voluntad, así como también en el caso de incapacidades.
Al margen de los testamentos, la nueva ley también insta a los padres o tutores a velar para que la presencia de los menores en los entornos digitales sea la apropiada según su edad y personalidad, y prevé que se pueda suspender el acceso si hay un riesgo para su salud física o mental. Esta medida responde al gran impacto que generan las nuevas tecnologías en la ciudadanía, lo que supone la existencia de "realidades nuevas que hay que regular".
La aprobación de la ley la sitúa como "pionera en el Estado español y en el contexto europeo" y Mundó se ha mostrado convencido de que "será bienvenida, aunque no resuelva todos los problemas" ni tampoco sea permanente, ya que, de hecho, el conseller ha admitido que habrá que ir adaptándola a la situación de cada momento.
La iniciativa del Govern ha sido aprobada por unanimidad, excepto en tres artículos, en los que Ciutadans se ha abstenido. Algunos grupos han expresado dudas sobre ciertos artículos y han criticado que se haya tramitado por la vía de urgencia.
Unanimidad pero escepticismo
Por parte de Ciutadans, la diputada Elena Roldán ha lamentado la "urgencia" con la cual se ha tramitado la ley y la ha atribuido a la voluntad de Mundó "por ser los primeros en regular" esta materia. "Me gustaría ver esta celeridad en el resto de las leyes, como la Renta de Ciudadanía", ha asegurado.
Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí que es Pot, también ha mostrado un cierto "escepticismo" hacia la ley, ya que esta no cuenta "con la actitud colaboradora de los prestadores del servicio, que ya están poniendo problemas".
Desde la CUP, el diputado Benet Salellas ha coincidido con Coscubiela al tildar la ley de incompleta y también se ha mostrado partidario de que la ley abordara cuestiones de derecho público para amparar los derechos colectivos, así como la regulación de fenómenos como el "ciberacoso".
Rosa Maria Ibarra, diputada del PSC, y Esperanza García, del PP, han coincidido en apuntar que la ley respeta el ámbito competencial de la Generalitat y que tiene como finalidad "ayudar a la ciudadanía".
El diputado de Junts pel Sí Jordi Orobitg ha apuntado que la ley llena la ausencia de legislación en el ámbito de los contenidos digitales y ha destacado la importancia de la iniciativa también de cara a los hijos y tutelados, ya que da la potestad a los padres de "suspender las cuentas" de los menores.