En una conferencia en Oxford el pasado mes de marzo, el expresidente Artur Mas aseguró que "si un día la CUP gobernara Catalunya, la convertirían en Cuba y sería el peor escenario". ¿Sería realmente así? Tratándose de un partido que nació en los municipios, y que se reivindica sobre todo municipalista, es allí donde decidimos formular esta pregunta.

Primero se la hacemos a Robert Sabater, alcalde de Viladamat por la CUP, que nos responde: "Ahora hace mucho calor aquí, pero no. Ya nos gustaría parecernos a Cuba en muchas cosas, como la sanidad o la educación gratuitas, eso sí". Después se la hacemos a Francesc Ribera 'Titot', cantante de Brams y hoy también segundo teniente de alcalde cupaire de Berga: "Ya nos gustaría hacer la revolución. Pero los que eran de orden sembraron el caos, y los que decían que sembrábamos el caos hemos tenido que venir a poner orden".

En mayo del 2015 la CUP entró a formar parte de una treintena de gobiernos municipales, repartidos por todo el país. En algunos casos dispone de mayoría absoluta y en otros, de mayoría simple; en algunos sitios gobierna en solitario y en otros lo hace en coalición. Algunos de los éxitos mayores fueron entrar en gobiernos como el de la Badalona de después de Xavier Garcia Albiol o el Sabadell de después de la caída del bustismo.

Francesc Ribera: "Ya nos gustaría hacer la revolución. Pero los que eran de orden sembraron el caos, y los que decían que sembrábamos el caos hemos tenido que venir a poner orden"

¿Y qué hace, allí, la izquierda independentista? Su programa marco para las elecciones municipales del 2015, bajo el título 'Capgirem la història', hablaba de conceptos y expresiones más o menos vagas como "ruptura democrática", "democracia directa", "espacios de participación", "economía social y solidaria", "liberación de género" o "transformación social".

Para ver cómo se concretan estas grandes ideas, nos desplazamos hasta el pequeño pueblo de Viladamat, donde la CUP gobierna con mayoría absoluta desde el 2011 (hoy con seis de los siete concejales del municipio), y hasta la ciudad de Berga, donde los anticapitalistas afrontan el reto de sacar adelante su programa después de vencer Convergència y Unión por solo 58 votos. Ciertamente, las dos realidades son bien diferentes.

Viladamat: la pequeña revolución

En Viladamat, municipio de 450 habitantes del Alt Empordà, no ondea ninguna bandera cubana. Hay una bandera que se le parece mucho, la estelada roja, que es la única que cuelga del balcón del Ayuntamiento. La española ya no está. La devolvieron el pasado 12 de octubre a la Delegación del Gobierno español, argumentando que estaba en "desuso". En diciembre recibieron una notificación de la abogacía del Estado, que preguntaba por qué no había ondeado nunca. No respondieron, pero sometieron la cuestión a una consulta popular. La pregunta era clara: "¿Quieres que esté la bandera española en el balcón del Ayuntamiento?" La respuesta también lo fue: 121 votos por el 'no' (92%) y 11 votos por el 'sí' (8%).

Su alcalde, Robert Sabater, tampoco tiene el poder de un caudillo como los Castro. De hecho, su cargo es un puro formalismo, porque todo lo hacen de manera colegiada los seis concejales, que se reúnen cada martes. Tampoco ha amasado una gran fortuna ninguno de ellos cuando ha alcanzado el poder. El sueldo que perciben por hacer política es simbólico —una sola media jornada, que se reparten entre todos: no más de 60 euros netos mensuales por cabeza— y todos tienen su propio trabajo. Sabater, por ejemplo, es ingeniero técnico agrónomo.

"Es puramente vocacional, militancia política, lo que estamos haciendo nosotros aquí", asegura Robert Sabater. Llegaron al poder en el 2011, por toda una serie de circunstancias que lo favorecieron. No había un ayuntamiento en quiebra ni irregularidades, pero sí falta de transparencia, inversiones fuera de lugar —en un momento de vacas gordas— y el desgaste del mismo poder. "Se dice mucho que en los pueblos se votan a las personas, y es cierto, pero el proyecto de la CUP también es muy concreto", señala el alcalde de Viladamat. Su proyecto era claro: transparencia, participación ciudadana y políticas rupturistas, llegando "hasta el límite de la ley".

La participación ciudadana no es sólo el referéndum sobre la bandera española. En enero pasado, Viladamat aprobó el presupuesto para el 2017, que destina 70.000 euros a la participación ciudadana —casi el 80% de las inversiones reales— en las inversiones decididas por los vecinos. Junto a la urna sobre la bandera española, había otra en la que se votaban las tres actuaciones que se realizarán este año. Ganaron "mejoras en la carretera de L'Armentera y el acceso al cementerio" (70 votos), "tapar los contenedores del núcleo urbano" (54 votos) y "adecuación del parque infantil" (51 votos). Antes, los viladamatenses habían podido hacer sus propuestas al Ayuntamiento. Están trabajando en una aplicación para votar desde el móvil, que quiere ser como Celrà Participa, un municipio también gobernado por la CUP.

Cuando llegaron había una deuda de unos 200.000 euros, que han intentado reducir al máximo para depender el mínimo posible de los bancos. "Si la Generalitat, que nos debe 120.000 euros, nos pagara, cancelaríamos la deuda y tendríamos superávit", afirma Sabater. Sea como sea, hace seis años que no piden un crédito bancario. En este sentido, el mes pasado pusieron en marcha una iniciativa pionera en el Estado español: un crowdlending para cubrir parte del coste de la construcción de una microplanta solar y la instalación de placas solares fotovoltaicas. La iniciativa estaba fuera de presupuesto. En tres días consiguieron los 9.000 euros que necesitaban. La cuota mínima era de 50 euros y la máxima, de 500 euros, el plazo de tres años y el tipo de interés del 3,5%. Después del éxito, será un modelo que utilizarán más a menudo.

Robert Sabater, alcalde de Viladamat, en el Alt Empordà (Nicolas Tomás)

El proyecto que probablemente les ha llevado más trabajo es el nuevo plan de ordenación urbanística municipal (POUM), que estaba atascado por la justicia por errores del antiguo gobierno. "Teníamos dos opciones: dejarlo o arremangarnos y afrontarlo", dice Robert Sabater, que admite que el resultado ha acabado siendo muy positivo. El nuevo POUM de Viladamat, con un fuerte sello CUP, fue aprobado en septiembre del 2015. Su confección también contó con la participación ciudadana: se celebraron 21 reuniones con afectados, dos audiencias públicas y una consulta popular.

El nuevo POUM reduce en un 30% el suelo urbanizable, reduce la superficie mínima de las parcelas de 1.000 a 600 metros cuadrados (para hacerlas más asequibles) y reserva cuatro parcelas de 200 metros cuadrados para una cooperativa de vivienda. Se ha comparado con el caso de Marinaleda, en Andalucía. Robert Sabater se muestra más prudente a la hora de hacer paralelismos: "Allí se expropia, se cede el terreno y la gente se construye su casa. No sería exactamente nuestro modelo, aunque todavía no hemos definido la fórmula". El plan busca un crecimiento más sostenible: el POUM anterior estaba pensado para 2.000 habitantes; el de ahora, para 800.

El gobierno municipal de Viladamat ha hecho que las viviendas de segunda residencia o en las que no vive nadie paguen un 10% más de impuesto de bienes inmuebles (IBI)

El gobierno de Viladamat ha municipalizado pocos servicios "porque casi todo estaba municipalizado". Lo han hecho con el servicio que trataba el campo de césped natural del Viladamat CF y con las actividades veraniegas para niños y jóvenes. Su prioridad ahora es la municipalización del agua, pero están "atados de pies y manos" por un convenio con Sorea, con quien tienen una deuda acumulada de unos 60.000 euros, que "nos hace incapaces de sacarlo adelante". Cuando acabe este convenio en el 2021, si todavía gobiernan, plantearán mancomunar el servicio con otros municipios de la zona.

Robert Sabater reivindica las "propuestas rompedoras y rupturistas que nos hacen diferentes", por ejemplo en materia de fiscalidad. El gobierno municipal ha hecho que las viviendas de segunda residencia o en las que no vive nadie paguen un 10% más de impuesto de bienes inmuebles (IBI). Como la ley no permite aumentarles las tasas, lo que han hecho es bonificar todas aquellas viviendas donde hay gente empadronada. Ahora la diferencia es del 10%, pero la intención es aumentarla todavía más.

Los vecinos de Viladamat coinciden en que el equipo de gobierno municipal es joven, tiene empuje y se desempeña bastante bien. Cuando llegaron al gobierno en el 2011, la CUP tenía cuatro concejales e Independientes por Viladamat (IPV), tres. Hoy, los anticapitalistas tienen seis, y Convergència y Unión, uno. "Lo más curioso es que gente que es claramente de derechas — porque, nos guste o no, aquí son mayoría— nos dicen que no comparten nuestras ideas pero que todo lo que hacemos es de sentido común", admite Robert Sabater. "Eso te reconforta, porque al final estás haciendo políticas de izquierdas".

Berga: cuando la CUP es quien tiene que poner orden

En el Ayuntamiento de Berga tampoco hay banderas cubanas. También hay una estelada roja, que ha traído más problemas que la de Viladamat. La alcaldesa, Montserrat Venturós, llegó a ser detenida por los Mossos d'Esquadra por no presentarse a declarar ante el juzgado de instrucción número 1 de Berga en dos ocasiones, después de que se hubiera negado a descolgar la estelada del balcón del consistorio durante las elecciones catalanas y españolas. Después de declarar, fue puesta en libertad. Una anécdota, al lado de los problemas que tiene que enfrentar a nivel interno desde que fue escogida alcaldesa de la capital del Berguedà hace casi dos años.

Un condicionante importante es la composición del pleno. La CUP tiene seis concejales de un total de 17, los mismos que el grupo municipal de Convergència i Unió, al cual en las elecciones del 2015 superó por solo 58 votos. Los anticapitalistas formaron gobierno en minoría, sin ningún tipo de acuerdo, y para aprobar cualquier iniciativa siempre necesitan el apoyo de los seis concejales convergentes o de los tres de Esquerra Republicana. Francesc Ribera quita hierro a este hecho: "Políticamente, hay muchas cosas en que nos entendemos enseguida, porque todos vemos la situación".

Francesc Ribera: "Sin haberse detectado ninguna irregularidad en Berga, encontramos una deuda equivalente al presupuesto de todo un año"

Según el teniente de alcalde, el gran condicionante es el "desguace del Ayuntamiento" que se encontraron cuando llegaron. La herencia de los gobiernos anteriores, el de Convergència i Unió (2007-2015) y los de antes. "Estamos en una situación de desastre total, de tierra quemada", asegura 'Titot', que añade: "Sin haberse detectado ninguna irregularidad, encontramos una deuda equivalente al presupuesto de todo un año. Estamos supeditados económicamente y logísticamente a salir del agujero, pero la ruina económica ha ido deteriorando las estructuras de funcionamiento del Ayuntamiento. No es sólo la deuda, sino también las herramientas limitadas".

Ribera compara Berga con Arenys de Mar que, con un presupuesto y población similares, tiene unos 250 trabajadores municipales. "Nosotros no llegamos a 150". El consistorio tiene abiertas una cuarentena de procesos judiciales con empresas o entidades relacionadas con la gestión municipal.

"Se da la paradoja de que llega la CUP, que son los revolucionarios, y lo que tienen que hacer es poner orden, intentar poner el marcador a cero para, así, un día hacer algo, porque ahora no hay manera de hacer nada", lamenta el concejal, que en el Ayuntamiento se encarga de la cartera de Governació, Promoció econòmica i Serveis econòmics. "Es una putada, porque es un papel que no nos habíamos propuesto", añade.

Francesc Ribera 'Titot', concejal por la CUP en el Ayuntamiento de Berga (Nicolas Tomás)

A punto de alcanzar la mitad del mandato, esta ha sido la principal tarea del gobierno de la CUP en la capital del Berguedà: de los 18 millones de euros de deuda que se encontraron, ya están en menos de 17. A veces, era simplemente un problema de desidia, y menciona el ejemplo del seguro que se pagaba por un vehículo que ni siquiera circulaba. También se ha establecido el pago a proveedores a 30 días, cuando antes la media era de más de un año, con intereses por demora que llegaban al 30%. "Cuando llegué, dije que necesitaba el plan de tesorería, y me dijeron que no había, que no se sabía qué se tenía que pagar al mes siguiente", explica Ribera.

Una de las grandes promesas de campaña que han tenido que dejar en el cajón, como parte de su política de ahorro, ha sido justamente una auditoría pública de la deuda, que llevaban en el programa electoral. No se ha llevado a cabo porque su coste era superior a los 20.000 euros. Francesc Ribera defiende que, en lugar de encargarla a una empresa externa, la han hecho internamente: "Estuvimos un año recogiendo toda la información, haciendo aflorar toda la deuda, buscando todo lo que había, anulando todo lo que estaba obsoleto o caduco... Ahora las cuentas son lo bastante transparentes como para que la auditoría no sea necesaria".

Ya desde la oposición, la CUP impulsó la municipalización del servicio de zona azul. En su programa iban mucho más allá y planteaban la remunicipalización de servicios como el agua, la recogida de residuos, el mantenimiento del alumbrado público, los caminos escolares, el personal de la piscina municipal o la limpieza de edificios públicos. Solo han sacado adelante esta última, aunque tienen muchos contratos caducados, en prórroga forzosa. Municipalizar significa una carga extra de presupuesto y personal que no se pueden permitir en estos momentos. La limpieza de edificios la han municipalizado a través de la empresa pública BRG, la misma que gestiona la zona azul. "Tenemos que ir con cuidado con qué ponemos en esta empresa, porque si un año no cerramos en equilibrio, nos la cierran; y es la única herramienta que tenemos de municipalización", explica Ribera.

El programa de la CUP hablaba de asambleas de barrios, asambleas temáticas y una exposición pública semanal de la tarea del gobierno municipal. Nada de ello se ha puesto en marcha.

La participación popular también es un ámbito prioritario para el equipo de gobierno. Tanto es así que la misma alcaldesa ha asumido la concejalía. Su programa hablaba de asambleas de barrios, asambleas temáticas y una exposición pública semanal de la tarea del gobierno municipal. Nada de ello se ha puesto en marcha. Pero están trabajando para llevar a cabo procesos participativos en un futuro próximo. "Es una prioridad implantar la participación ciudadana, pero también hacer campañas para que la gente entienda la utilidad de eso, porque no existe esta cultura, la gente no está acostumbrada", afirma el teniente de alcalde.

¿Qué perspectivas tienen para la segunda mitad del mandato? Hacer de gestores responsables. La revolución, los "proyectos de marca CUP", ya vendrá después. "Posiblemente la primera legislatura de la CUP es la de dejar las bases para hacer cosas en la segunda legislatura, si nos renuevan la confianza, admite Francesc Ribera". "Entiendo que haya gente decepcionada porque esperaban otra cosa de nosotros, pero nos hemos encontrado una máquina donde faltan piezas".

¿Van lentos porque van lejos, como decía aquel spot electoral de la CUP el 27-S? "Vamos lentos porque vamos muy cargados, que es muy diferente", puntualiza 'Titot'.