El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad levantar las multas coercitivas que impuso a los síndicos que pretendían integrar la junta electoral del referéndum del 1 de octubre, al haber comprobado que renunciaron a sus cargos y no actuaron en calidad de tales.

La decisión se ha acordado después de que todos ellos justificaran tanto su renuncia al cargo como que dejaron sin efecto los acuerdos adoptados para la preparación del referéndum.

El pleno del TC explica en el auto que para imponer las multas concurrieron los presupuestos fijados por la ley, entre otros requisitos, el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. La decisión fue acordada por el pleno del TC la semana pasada, cuando el Constitucional eximió a los responsables de la administración electoral del 1 de octubre, Josep Maria Jové y Montserrat Vidal, de las multas que les había impuesto.

El Constitucional multó con 12.000 y 6.000 euros diarios, en función de su rango, a los síndicos electorales encargados del seguimiento del 1-O, con lo cual aplicó por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.

Las multas tuvieron el efecto coercitivo que perseguían, ya que ninguno de los implicados actuó como aparte de la Junta Electoral del referéndum.