La recusación de todos los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) presentada por Carme Forcadell tiene entre sus objetivos paralizar al TC para que no actúe contra las decisiones del Parlament de Catalunya en relación a la Ley de Transitoriedad Jurídica y del Referéndum. Pero incluye también la defensa de los derechos de la recurrente. Si los mismos magistrados del TC deciden sobre su propia recusación serán juez y parte, y "violarían todas las garantías jurídicas de defensa de los ciudadanos", en este caso de la presidenta del Parlament, según han explicado fuentes jurídicas a El Nacional.

El procedimiento de recusación de todos los magistrados no está previsto en la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC. El artículo 80 de esta misma ley establece explícitamente que, en este caso, se aplica subsidiariamente la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), añaden las mismas fuentes.

Infracciones

La LOPJ atribuye al procedimiento de recusación una serie de garantías que si el TC, reunido desde primera hora de la mañana, resuelve, se habrán infringido: dar traslado a las partes, instruir un procedimiento por un juez o magistrado que no esté recusado... Si el TC decide sobre el recurso de Forcadell lo harían los mismos recusados, que serían juez y parte en causa propia, cosa que infringe un principio básico del derecho.

En consecuencia, según las mismas fuentes, "no se producen las garantías que la LOPJ y la LEC establecen por los casos de recusación. Es inaudito que un mismo juez o magistrado valore si concurren causas de recusación en causa propia. Tendría que ser un juez o magistrado no afectado por la alegación" y eso quiere decir que no puede ser ninguno de los magistrados del Constitucional porque todos han sido recusados.

En otros casos de recusación parcial, donde la alegación afecta a alguno o algunos de los magistrados, los no recusados deciden sobre la recusación. Es lo que se ha hecho hasta ahora al TC, que ha hecho una interpretación restrictiva porque los jueces del TC no pueden ser reemplazados.

Por otra parte, si la recusación presentada por la presidenta del Parlament es tumbada en estas condiciones, se convertiría un argumento más para apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han dicho las mismas fuentes.