El Tribunal Constitucional está preparado la renovación de cuatro de sus doce miembros después de que el pasado 29 de diciembre se acabara el mandato para tres de ellos, incluido el presidente, Francisco Pérez de los Cobos. El cuarto magistrado sería el difunto Luis Ortega, que fue propuesto por el PSOE.

Estas cuatro renovaciones se tendrían que hacer a instancias del Senado y se tendrían que alcanzar a través de un gran consenso político: únicamente se harían efectivas con tres quintas partes de los votos de los senadores.

Históricamente, el nombramiento de estos jueces, ya sea a instancias del Gobierno español, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Congreso o el Senado, siempre ha sido objeto de disputa entre los diversos partidos, que han propuesto sus propios candidatos según el perfil ideológico.

El Tribunal Constitucional (TC) ha venido poniendo límite desde 2013 al proceso catalán con más de una decena resoluciones que paralizaron y posteriormente declararon inconstitucionales los diferentes pasos dados por los gobiernos de la Generalitat, primero de Artur Mas y después de Carles Puigdemont, para organizar una consulta independentista y poner las bases legales de un futuro Estado catalán.