No pasa el tiempo. El apoyo de 18 diputados británicos de cuatro partidos diferentes a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ante la "persecución" judicial de que es objeto en el Estado español, ha hecho reavivar el llamado "caso de los catalanes" en el Parlamento de Westminster 300 años después.

Si el motivo ha sido ahora la imputación a Forcadell por "prevaricación" y "desobediencia" al Tribunal Constitucional, por el hecho de haber permitido que la Cámara catalana votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, entonces fue porque los catalanes habían sido abandonados por Su Majestad británica en la Guerra de Sucesión, incumpliendo el compromiso que sus "libertades" serían respetadas fuera cuál fuera el desenlace del conflicto. ¿Se repetirá ahora la -triste- historia cuando se vote la moción impulsada por el diputado del Partido Nacional Escocés (SNP) George Kerevan?

En efecto, en fechas tan lejanas -y, según cómo se mire, tan próximas- como el 3 y el 4 de abril de 1714, la Cámara de los Lores fue el escenario de un intenso debate en el que la oposición whig, lo que hoy consideraríamos el partido o bloque "progresista", cargó con severidad contra el gobierno tory, la mayoría "conservadora", por haber puesto a los catalanes en los pies de los caballos de Luis XIV y su nieto Felipe V.  En aquella ocasión el debate partió de una interpelación a la reina Ana promovida por 24 lores. 

El viraje en la política exterior británica repercutió de manera decisiva en el fin del estado catalán por derecho (real) de conquista, una situación después legitimada por los decretos de Nueva Planta y que dio origen al moderno Estado español. Entonces como ahora, conceptos como "derechos" y "libertades", en general,  y en relación con Catalunya i Espanya, en particular, se pusieron a debate en el parlamento de Londres. En aquella ocasión el debate partió de una interpelación a la reina Ana promovida por 24 lores. 

Los catalanes y sus derechos fueron sacrificados en el altar de la realpolitik del siglo XVIII cuando los ingleses, que los decidieron a embarcarse en la guerra contra el Borbón en el bando del archiduque Carlos de Austria mediante el Pacto de Génova (1705), consideraron llegado el momento de repartirse el pastel europeo (y americano) con Francia. Era el momento del colapso militar y financiero del imperio de los austrias hispánicos, que había llegado al clímax con la muerte sin descendencia de la triste figura de Carlos II, el Embrujado. El giro en el tratamiento de la cuestión catalana por parte de Londres se había operado a partir de 1710, cinco años después del pacto con los "vigatans" -los austriacistas catalanes- y a raíz de la victoria electoral de los tories.

Aunque la reina Ana defendió hasta el final los compromisos con los catalanes, y pese a la presión de los diplomáticos catalanes como Pau Ignasi de Dalmases,  las quejas del cual están en el origen del debate celebrado en Westminster, el tory Bolingbroke, el secretario de Estado, claudicó ante los Borbones. En Utrecht (1713), en el principio del final de la causa catalana, el enloquecido Felipe V pudo imponer sus cínicas condiciones para la paz: los catalanes tendrían, a lo sumo, los mismos derechos y privilegios que los castellanos, que -decía- son "los súbditos más amados" de su majestad católica. Cosa que significaba, en la práctica, la abolición de su sistema de gobierno y el sometimiento a las leyes castellanas en manifiesta desigualdad de condiciones, como pronto se demostraría. 

'The Case' y la 'Deplorable Historia'

Entre marzo y septiembre de 1714, antes de que la caída de Barcelona a manos de los ejércitos borbónicos sancionara el fin del estado catalán -de las estructuras político-jurídicas del Principado de Catalunya-, todavía aparecieron en Inglaterra dos publicaciones en defensa de los catalanes y que reprobaban la actitud británica en el conflicto: The Case of Catalans Considered y The Deplorable History of Catalans. En las dos obras se señalaba que Inglaterra se hacía un flaco favor a sí misma y, en general, a la causa de la libertad, abandonando a los catalanes a su suerte.

En The Case se alababa y justificaba la negativa de los catalanes a ceder, a pesar de la presión inglesa (Bolingbroke incluso organizó un bloqueo naval de Barcelona, la antigua ciudad aliada) y la superioridad del ejército borbónico francoespañol: "Sus antepasados les legaron los privilegios que disfrutan desde hace siglos. ¿Ahora tienen que renunciar a ellos sin honor y tienen que dejar, después de ellos, una raza de esclavos? No; prefieren morir todos; o la muerte o la libertad, esta es su decidida elección".

La reina Ana de Inglaterra murió el 1 de agosto de 1714. La sustituyó en el trono Jorge I, partidario, como ella, de la causa de los catalanes. Pero, en cualquier caso, mandaba el Parlamento, con mayoría tory. En las democracias siempre manda el Parlamento. Lo sabía el rey Jorge I -y el gobierno whig, que, lástima, se formó en 1715, demasiado tarde- y lo sabía Carme Forcadell el día que simplemente se limitó a cumplir el mandato de la Cámara (catalana): votar.