Nuevas amenazas desde el Tribunal Constitucional hacia Catalunya. El Pleno del tribunal ha suspendido cautelarmente las resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán impulsando el proceso constituyente, entre ellas, la que daba apoyo a la celebración de un referéndum en el 2017 con el aval del Estado o sin. El tribunal, que ha admitido a trámite el incidente de ejecución presentado por el gobierno de Rajoy el pasado 14 de octubre, mantendrá suspendidas las resoluciones hasta que el tribunal de garantías se pronuncie sobre el asunto.
El tribunal no se ha limitado a la suspensión, sino que además ha acordado enviar una notificación personal a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a la Mesa, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del gobierno catalán. En esta notificación, se advierte a los cargos electos que tienen que detener cualquier iniciativa que pase por alto la suspensión aplicada. En el caso de no cumplir con esta obligación, podrían tener que enfrentarse a consecuencias, incluida la vía penal, avisa al tribunal.
Esta advertencia ha sido enviada a petición expresa del abogado del Estado, es decir, del Ejecutivo de Rajoy.
DOCUMENTO: La providencia del TC donde se acuerda l'admisión a trámite
Incumplimiento de sentencia
El gobierno español cuestionó la legalidad de seis resoluciones aprobadas por la Cámara catalana el pasado 7 de octubre al existir un "incumplimiento" de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre.
La resolución de JxSí y la CUP sobre el referéndum vinculante sobre la independencia fue aprobada por 72 votos a favor (JxSí y CUP) y 11 abstenciones (CSQP). Los grupos de C's, el PSC y el PPC no participaron en la votación, aunque estaban presentes en el salón de sesiones.
El gobierno del PP ya solicitó al Tribunal de Garantías la nulidad de otra resolución aprobada por el Parlament catalán el pasado 27 de julio, la cual dio inicio al denominado proceso de "desconexión" de Catalunya con España. De hecho, el TC ya se ha pronunciado al respecto y acordó de forma unánime su nulidad.
Nuevas atribuciones
Este es el primer procedimiento abierto desde que el Tribunal Constitucional puede inhabilitar cargos que incumplan sus sentencias, atribución de la que dispone gracias a la reforma de la Ley del propio TC impulsada por el gobierno español y avalada por el tribunal el pasado 31 de octubre.
La ocasión anterior en que Forcadell estaba al punto de mira del gobierno español por la tramitación de las conclusiones de la Conclusión de Estudio del Proceso Constituyente, los magistrados todavía no habían resuelto el recurso de la Generalitat contra esta reforma.