El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso del gobierno español en contra del decreto de pobreza energética de julio de 2010 que aprobó el Codi de Consum de Catalunya, porque entre otras razones impide que las compañías suministradoras corten por impago de las facturas, el agua, la electricidad y el gas a las personas en situación de vulnerabilidad económica. Por lo tanto, prohíbe al Govern garantizar este suministro a las familias vulnerables.

El ejecutivo español recurrió el texto al entender que invade la competencia estatal en materia de régimen energético. Mientras, la Generalitat considera que se trata de una competencia compartida en virtud del artículo 133.1 del Estatut. La sentencia del tribunal de garantías dice además a la Generalitat que su norma contraviene también la legislación del Estado con respecto a la protección de los consumidores vulnerables, que consiste en la financiación de parte del precio del suministro.

El Estado ha optado “por la protección del consumidor vulnerable mediante un sistema de bonificación a través de la financiación de parte del precio del suministro de la electricidad y del gas y no mediante el establecimiento de prohibiciones de desconexión del suministro respecto a estos clientes en periodos críticos, o en otros”, argumenta el TC. De este modo, el alto tribunal considera que la medida para la protección de los consumidores vulnerables aprobada por el ejecutivo catalán es inconstitucional en algunas de sus previsiones, que anula.

Esta regulación estatal abarca todo el territorio del Estado y supone una “clara opción” por un modelo de protección del consumidor vulnerable diferente de otros. La Generalitat no puede, por lo tanto, elegir estos otros modelos, según el Constitucional.

Reacciones

Las reacciones por esta decisión no se han hecho esperar, sobre todo, a través de Twitter. Es el caso, por ejemplo, del vicepresidente del Govern y consejero de economía, Oriol Junqueras, quién lo ha calificado de injusticia. De hecho, la consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, ha asegurado que el govern no permitirá que se corte la luz o el agua a las personas vulnerables. También la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha insistido en la desobediencia.

De hecho, el Govern seguirá garantizando el suministro, puesto que se ampara en la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que se aprobó el julio en el Parlament, dado que una ley tiene rango superior al decreto.