El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado la Guardia Civil que investigue el "Comité Estratégico" para la independencia del que forman parte diputados y cargos de partidos como Marta Rovira de ERC, Artur Mas y Marta Pascal del PDeCAT, Anna Gabriel y Mireia Boya de la CUP o el director de la oficina de desarrollo del autogobierno Carles Viver Pi-Sunyer. Pero el "Comité Estratégico" está formado también por "representantes independientes de prestigio social" y la investigación del magistrado Pablo Llarena podría derivar en una macrocausa judicial con un centenar de imputados. Y es que el documento Enfocados en que Llarena basa la investigación comprende el denominado "Estado Mayor" formado por personas a título individual, y en la mayoría de los casos no políticos, considerados "influenciadores cercanos al proceso".

Fuentes del Supremo explican a El Nacional que el magistrado justo ahora empieza la investigación y que en este punto quiere saber "el papel de otras personas" que aparecen en diferentes documentos que forman el sumario, entre los cuales hay el Enfocats, un plan estratégico para sacar adelante el proceso independentista y, donde aunque no salen nombres, sí que salen los cargos que habrían tenido que conformar el Gobierno de la Transición.

El movimiento de ficha del magistrado coincide con el trabajo hecho por la Fiscalía la semana pasada cuando envió a los dos fiscales responsables del caso a Barcelona a inspeccionar el material documental que había en varios juzgados de Barcelona y que podía ser relevante para la investigación del Supremo.

Si el magistrado Pablo Llarena inicia una investigación para identificar cada uno de los cargos y representantes que cita el Enfocats como responsables del comité estratégico para tirar adelante la república catalana, el caso puede terminar siendo una macrocausa que puede llegar a cientos de acusados, como apunta alguno de los abogados. Y es que en el comité ejecutivo hay una apartado de "representantes independientes de prestigio social", que haría referencia al denominado "Estado Mayor" formado por personas a título individual, y en la mayoría de los casos no políticos, considerados "influenciadores cercanos al procés".

En concreto, solicita al grupo de policía judicial actuando que practique diligencias pendientes a aclarar y justificar "si hubo un eventual concierto inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones ANC y Òmnium, así como el Associació de Municipis per la Independència (AMI) y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para conseguir la independencia de Catalunya". De la misma manera, el magistrado pregunta si algunas de estas entidades han pagado algunas de las actuaciones acordadas por algunos de estos partidos políticos.

El magistrado pretende que la Guardia Civil pida "los elementos objetivos que puedan existir que indiquen que estos partidos políticos y asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostener o conocieron sin alterar después sus planes las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para conseguir o facilitar la declaración de independencia".

Llarena también reclama a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los diferentes "actos de agresiones y daños, así como de grave resistencia o acoquinamiento sufridos en Catalunya con ocasión del proceso secesionista". Se centra principalmente en los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, para aclarar la participación de cada uno de los investigados.

Además, pide a la Guardia Civil un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados "Comité de Defensa del Referéndum" y "Comité de Defensa de la República" y por sus responsables, así como un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento Enfocats.

Buscando la malversación y desobediencia

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hayan sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otros semejantes.

Finalmente, solicita a la Guardia Civil que indague sobre las órdenes dadas por el conseller de Interior, Joaquim Forn, en relación con las prohibiciones acordadas por los tribunales sobre los hechos investigados o sobre la inexistencia de ellas. Forn es uno de los dos consellers, junto con Junqueras a quien el juez denegó la libertad bajo fianza el lunes pasado cuando dejó libres al resto de consellers.

El magistrado reclama también al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona varias actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de caudales públicos contra los miembros de la Mesa del Parlament, los consellers y los representantes ANC y Òmnium.

El 'Enfocats', vivero de futuras imputaciones

El Enfocats es un documento que la Guardia Civil encontró en casa del secretario general de Economia, Josep Maria Jové, durante los registros del 20 de septiembre. La Guardia Civil le da mucha importancia, porque "refleja la existencia de un grupo de individuos que ha ejercido una función definitoria de cómo y cuándo llevar a cabo cada una de las actuaciones del procés y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos".

Hace quince días ya trascendió que la Guardia Civil había presentado varios informes en la Audiencia Nacional cuando el caso estaba en manos de la jueza Carmen Lamela donde se apuntaba la posibilidad de una hipotética imputación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El informe hacía especial incidencia en el Enfocats, y aunque no salía explícitamente el nombre de Rovira, Gabriel y Boya, sí que estaba su cargo como unos de los responsables de formar el Gobierno de Transición para sacar adelante la república.

En aquel momento, el juez ni tan sólo se había mirado nada del sumario y tenía, como prioridad, resolver los recursos de los consellers encarcelados. Ahora una vez ya ha resuelto este trámite, dejando todavía en la prisión al vicepresident, Oriol Junqueras; el conseller de Interior Joaquim Forn y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, empieza ahora la investigación.

Y el primero que ha hecho ha sido pedir a la Guardia Civil diferentes investigaciones, y entre ellas hay la que afecta directamente a Rovira y otros cargos. En el Enfocats no hay nombres, están los cargos de lo que tenía que haber sido el Gobierno de transición, entre los cuales los de los secretarios generales de los partidos. En la página 40 se define un Gobierno de transición que nunca fue y que, por lo tanto, si el juez valora la imputación de todos los cargos que salen, se estaría tratando no de hechos consumados sino de una imputación preventiva para evitar el delito, cosa que choca directamente con el derecho.

Quién forma el comité estratégico?

El presidente y el Vice presidente del Gobierno; Presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, presidentes y vicepresidentes de las entiats soberanistas (ANC, Òmnium, AMI); Representantes en nombre de las otras entidades soberanistas; directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno; Presidentes y Secretarios Generales de los partidos políticos independentistas; y Representantes independientes de prestigio social.