El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha trasladado a las instancias europeas de defensa de derechos su preocupación ante las graves vulneraciones de derechos y libertades fundamentales que se están cometiendo en Catalunya y en todo el Estado español.

En concreto, se ha dirigido al comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, al director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al Defensor del Pueblo Europeo, a todos los ombudsman europeos, al Defensor del Pueblo de España y a los defensores autonómicos.

El objetivo es alertar sobre las medidas y actuaciones adoptadas que puedan ser manifiestamente contrarias a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y el Estatuto, y también en los tratados internacionales ratificados por España, en particular el Convenio europeo de derechos humanos. Además, se trata de medidas contrarias a las conclusiones de un reciente informe del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Diálogo pacífico y democrático

El documento enviado por Ribó señala que a las sociedades democráticas las cuestiones relativas a la autodeterminación o la secesión se tienen que poder tratar y resolver "mediante un diálogo pacífico y democrático que respete el estado de derecho y los derechos humanos (incluyendo los derechos de las minorías nacionales) entre la región concernida y el gobierno del estado de que forma parte". En este sentido, el Síndico ha instado a todas las instituciones implicadas a que aborden de manera inmediata el necesario diálogo político para resolver un tema tan trascendental.

Además, Ribó ha concretado estas actuaciones en la prohibición cautelar de un acto en la ciudad de Madrid en favor del derecho a decidir por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo nº. 3, y también en la aparente prohibición a los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Radio) "de informar sobre cualquier acuerdo o actuación que permita la preparación y/o celebración del referéndum de autodeterminación en Catalunya".

El Síndico también ha destacado la Orden del fiscal general del Estado de incoar diligencias de investigación −invadiendo funciones judiciales ya en curso− con relación a más de 700 cargos electos de ayuntamientos. El Orden prevé, además, citar a los alcaldes correspondientes en calidad de personas investigadas, con la advertencia explícita que, en caso de incomparecencia, se acuerde la detención y puesta a disposición judicial. Otras medidas adoptadas que se han comunicado en los organismos europeos mencionados son el registro de imprentas o la orden de interceptar comunicaciones sin autorización judicial.

Finalmente, el Síndico se ha comprometido a seguir analizando las actuaciones de las autoridades públicas que tienen incidencia en Catalunya cujanto a la afectación y la garantía de los derechos humanos, y tramitará todo tipo de consulta y queja hasta los ámbitos europeos, si ocurre.

En la línea del informe presentado el pasado mes de abril , 'Retrocesos en materia de derechos humanos en España: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes', el Síndico ha destacado que las libertades de expresión, de reunión y de información son pilares de la democracia, y que la actuación judicial y la persecución de presuntos hechos delictivos tiene que estar inspirada por el principio de proporcionalidad.