El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario de los funcionarios del Estado, Miguel Borra, ha afirmado hoy que es "imposible" el trasvase automático de funcionarios del Estado a la Generalitat y ha advertido que un empleado público catalán que infrinja la Constitución "puede perder su nombramiento".

Después de reunirse en Barcelona con el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, Borra ha salido al paso de un borrador de la ley de transitoriedad jurídica, impulsado por Junts pel Sí y la CUP y al ha tenido acceso el diario El País, que prevé desconectar jurídicamente Catalunya de España.

Según este borrador, en caso de independencia, la Generalitat asumiría a los 29.000 trabajadores públicos del Estado en Catalunya y se establecería la obligación para policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo.

"Es imposible que un funcionario o personal laboral de la administración general del Estado pase de manera automática a depender de otro empleador diferente como es el Gobierno catalán", ha subrayado a Borra, que ha alegado que este trasvase "no está recogido en el ordenamiento jurídico español". Para Borra, en lo que respeta a los empleados públicos de la administración general del Estado, esta previsión "es sencillamente imposible" y además representa una "amenaza".

Cumplir órdenes ilegales

Borra ha recalcado que "tanto el estatuto básico del empleado público como la ley de función pública catalana reconocen como falta muy grave no acatar la Constitución y no respetar los Estatutos de Autonomía".

Por lo tanto, ha dicho, "un funcionario de la Generalitat tiene que acatar la Constitución y el Estatuto", de manera que si cumpliera una "orden ilegal cometería una infracción" y "dependiendo del grado de la infracción podría perder incluso su nombramiento".

"No pueden coexistir dos ordenamientos jurídicos paralelos", ha remarcado Borra, que considera que obligar jueces y policías a tener la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo implicaría "una situación que no tiene ningún aspecto de legalidad jurídica".

Amparo legal del Estado

CSIF, que según ha destacado Borra es el sindicato mayoritario en la administración general del Estado, ya ha pedido "aclaraciones" al Gobierno catalán, que hoy ha sugerido que este borrador de la ley de transitoriedad jurídica que prevén impulsar Junts pel Sí y la CUP está "desfasado".

Según Borra, Millo les ha trasladado el mismo "mensaje de tranquilidad" que les transmitió en un reciente encuentro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"El Gobierno central no dejará desamparado a ningún empleado público que cumpla con la Constitución y con el Estatuto y dará amparo legal a aquellos empleados públicos que se nieguen a emprender órdenes susceptibles de ser ilegales", ha celebrado Borra, que ha trasladado a Millo su "preocupación por la situación en la cual se pueden encontrar los empleados públicos en Catalunya".

Protocolo para denunciar

Borra ha recordado que su sindicato ofrece un "protocolo para que los funcionarios que prestan sus servicios a Catalunya tengan una herramienta para poder denunciar cuando reciban una orden susceptible de ser ilegal", pidiendo la orden por escrito y presentando después una denuncia ante diferentes instancias.

En la reunión con Millo, también han abordado los problemas en el control de pasaportes en el aeropuerto del Prat y, en este sentido, Borra ha pedido analizar las causas que Catalunya sea "una de las comunidades autónomas donde más empleados públicos piden el traslado".