La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha invitado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a dialogar sobre el referéndum ante el Congreso de los Diputados. La cámara baja ya rechazó en su día la consulta no vinculante planteada por el Parlament que después derivó en el proceso participativo del 9-N de 2014. Con la resolución aprobada por el Consejo de Ministros, sin embargo, el ejecutivo central no busca ahora un acuerdo por el derecho a decidir, pues la mayoría en la cámara es unionista, sino que contraprograma y es la respuesta al acto de Puigdemont de este lunes en Madrid.

"Queremos ofrecer los caminos democráticamente previstos para los debates que afectan al conjunto del pueblo español. En nuestro ordenamiento cualquier propuesta puede ser debatida, aunque el referéndum no se puede pactar" ha dicho la vicepresidenta, quien ha comparecido este viernes en rueda de prensa en la Moncloa. Esta ha dejado al voto de la cámara la posibilidad de que decida sobre el proyecto independentista, aunque no ha aclarado si había consultado la oferta al PSOE, PSC y Ciudadanos. "Estamos en interlocución con ellos siempre", ha dicho.

El hecho es que Rajoy cuenta con el apoyo de todo el gabinete ministerial, según fuentes del entorno de su máxima confianza. La oferta se podría concretar los meses de mayo-junio, según explican y el formato sería a decisión de los participantes. Lo que quieren dejar claro es que la propuesta sería para una reforma de la Constitución, ya que "ni el Gobierno, ni ninguna institución del Estado puede negociar el referéndum porque sería una ilegalidad", dicen, recordando que presuntamente el gallego le habría ofrecido ya esta posibilidad al presidente Artur Mas para el pacto fiscal.

Pero no es de esperar que la modificación constitucional prosperara –es más, ni el Govern lo pide, ya que Puigdemont cree que Rajoy sí puede autorizar el referéndum con voluntad política. Incluso, con independencia de que iniciara el procedimiento el Parlamento, el Gobierno o el Congreso, el proyecto sólo pasaría con una mayoría de dos tercios en las Cortes. No se obtendría que los populares tienen mayoría en el Senado, siempre han puesto la unidad de España como condición y se han cerrado a la modificación, ante el miedo a que Podemos pidiera la ratificación en referéndum y una derrota deslegitimara a Rajoy.

Así las cosas, Santamaría se ha envuelto con el aval de los socialistas para otra cuestión, como fue la recogida de firmas contra la tumbada del Estatut. "Ya sabe usted que dije que nos tendríamos que haber puesto de acuerdo antes entre PP y PSOE para la discusión de los Estatutos de autonomía", ha repuesto, preguntada si había sido un error la acción del Gobierno del expresidente José María Aznar. De hecho, la número dos de Mariano Rajoy se ganó las críticas de Aznar –y la marcha de este como presidente de honor del PP– tras hacer dicho posicionamiento.

El giro de la Moncloa llega el mismo día en que el PP celebraba un acto en el Ayuntamiento de Madrid para protestar contra la conferencia de Puigdemont este lunes, donde anunciará una última oferta de diálogo con el Estado, pero no contará con ningún ministro. La diputada del Parlament, Andrea Levy, ha cargado duramente contra abrir "la casa de todos los madrileños" a los soberanistas, cosa que ahora el Ejecutivo hará, pero en la de todos los españoles. Por otra parte, supone una insistencia para situar en las Cortes Generales la demanda del referéndum, después de que populares y socialistas pactaran colocarla en la Comisión General de Comunidades, y no la sala que quería a la Generalitat en el Senado.

También se aprecia un nuevo matiz en cuanto a los interlocutores. Santamaría anunció hace meses, en el marco de la Operación Diálogo, que en adelante sólo dialogaría con la "sociedad catalana" porque el Govern no estaría ofreciendo margen más allá del derecho a decidir. Es más, las reuniones secretas entre Rajoy y Puigdemont no se volverían a producir si era para "salir a bofetada limpia", según fuentes de la Moncloa. Sin embargo, esta vez incluso la oferta se extiende a que el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, asistan también al Congreso, si lo desean.

Ante ese escenario, el Gobierno espera que el presidente de la Generalitat se pronuncie, aunque Rajoy estará en Sitges la próxima semana y no se sabe si intentará algún contacto con Puigdemont sobre una propuesta que no es nueva: los diputados del Parlamento, Jordi Turull (PDeCAT) Marta Rovira (ERC), y Joan Herrera (ICV) ya estuvieron en el Congreso en el pasado. También lo hizo el lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, el año 2005 –cuando se estrelló al presentar su plan– pues según Santamaría esta es "la única institución que le garantiza a cada ciudadano la parte alícuota de la soberanía de todos los españoles".