"El bien y el mal los marca la ley", avisaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a los independentistas de ERC y PDeCAT hace unas semanas en el Senado, a propósito de que el Gobierno haría cumplir la legalidad constitucional ante la "desobediencia" de Generalitat. Es con ese afán que la Moncloa pondrá en marcha la intervención del autogobierno de Catalunya, aprobando en un Consejo de Ministros este sábado las medidas pactadas con el PSOE y avaladas por Ciudadanos. El Parlament emerge entonces como un escollo clave, pues el artículo 155 permite controlar al poder ejecutivo, algo que obligaría a limitar el papel del legislativo para evitar un choque entre la legalidad de la intervención estatal y la legitimidad del voto de los ciudadanos.

Según fuentes del Ejecutivo, la entrada en vigor del artículo conllevaría que el Parlament perdiera la función de control al Govern –una vez este hubiese pasado a manos de un gabinete técnico, o en caso contrario, de un solo ministro encargado de centralizar varias conselleries. Ello ocurre dado que en una democracia parlamentaria el poder ejecutivo es escogido por el legislativo. Así, el 155 supondría que fuera el Senado –a través de las medidas propuestas por Mariano Rajoy– el que hiciera la función de colocar al frente de las diferentes carteras al nuevo o a los nuevos representantes. Y por tanto, también de controlarlos.

El hecho es que se antoja difícil disolver el Parlament, si no es para la convocatoria de unas elecciones –medida por que Albert Rivera presiona a Rajoy, ante el anhelo de que Inés Arrimadas llegue así a presidenta. Es decir, que en caso de que solo se asumiera el control de Presidència, la Hisenda y los Mossos, se podría apostar entonces por limitar la acción parlamentaria para evitar que los diputados de Junts pel Sí y la CUP boicotearan al gobierno provisional. En ese caso, una hipótesis sería que solo se les permitiese presentar iniciativas parlamentarias que no tuvieran que ver con la independencia.

Precisamente, la negociación con el PSOE en las horas que faltan hasta el sábado buscará cerrar esos y otros detalles. Para Rajoy es una prioridad coordinarse con los socialistas –en un intento de corregir lo que Santamaría reconoce como el error del Estatut. Tanto es así, que Rivera confesó el miércoles que desconocía los planes del Gobierno sobre el 155, aunque le daría apoyo igualmente –eso, aunque con Ferraz hace días que se estaba estudiando la medida. La última interlocución fue este jueves, cuando Rajoy recibió la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y telefoneó a Pedro Sánchez.

La cuestión es que el equipo informal del Partido Popular y el PSOE funciona desde hace tiempo, formado por un elenco de primeras espadas. Es el caso de Pedro Arriola, asesor histórico del PP, y José Enrique Serrano, exjefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodriguez Zapatero; la diputada del PSC y experta en derecho consitucional Meritxell Batet; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo; Santamaría; la portavoz de Igualdad socialista, Carmen Calvo, y el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos.

El hecho es que la reconciliación entre Sánchez y Rajoy no ha sido fácil, con el recuerdo del año de ingobernabilidad. Ahora bien, el conflicto soberanista ha actuado de aglutinador, más aun tras el mensaje del rey Felipe VI instando a restablecer el orden constitucional. Con todo, la entente no ha cursado sin sustos, como fue la petición de reprobación que el PSOE presentó contra la vicepresidenta, que más tarde tuvo que posponer sine die. Una tregua que se prevé que se mantenga tras el Consejo de Ministros del sábado y ante el abismo de desplegar un artículo inédito en 39 años de democracia: el famoso 155.