El abogado de los consellers Josep Rull y Jordi Turull ha presentado esta mañana los recursos de apelación a la orden de prisión. Los dos acatan el artículo 155 de la Constitución. El objetivo es salir del centro penitenciario de Estremera y poder presentarse a las elecciones del 21-D.
La defensa de los consellers de Presidència y Territori, Jordi Turull y Josep Rull, ha pedido a la Audiencia Nacional que los ponga en libertad, alegando que, como el resto de miembros del Govern, han acatado "expresamente" las medidas del artículo 155, sin promover ninguna "resistencia".
En los recursos los dos consellers solicitan a la sala de apelación de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la jueza Carmen Lamela de enviarlos a la prisión preventiva, aplicándoles los mismos criterios por los cuales el Supremo dejó en libertad con fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de Junts pel Sí.
En la defensa de la falta de justificación para mantener la prisión provisional, la defensa alega que tanto Rull como Turull "han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación". Aseguran que "el riesgo de reiteración delictiva es hoy completamente nulo", y ponen como ejemplo haber acatado el 155, a pesar de "discrepar políticamente de su contenido y legitimidad".
Como ejemplo, el recurso expone que después de la aplicación del 155 no se ha adoptado ningún acuerdo ni se ha dictado ninguna disposición ni por el Govern, que estuvo reunido al acabar la sesión parlamentaria del 27 de octubre sin adoptar ningún acuerdo, ni tampoco ninguna orden por parte de ninguno de los consellers cesados". También remarca que después de la aplicación del artículo 155, "se ha optado por no ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario, anunciando por el contrario su propósito de concurrir en las urnas".
El texto lo remarca al final cuando expresa textualmente: "No hay ninguna voluntad, ni riesgo, de reiteración delictiva, sino de compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el curso de la confrontación democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo político que tiene que regir la convocatoria electoral.
La estrategia de la defensa también pasa por comparar la situación y las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa del Parlament que pudieron quedar en libertad pagando una fianza de 150.000 y 25.000 euros, respectivamente. Dice el recurso que los hechos son "idénticos en el relato y la descripción de los hechos delictivos".