Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reunirán este jueves a las 11h en la Moncloa en medio de un clima de máxima tensión y dudas sobre cómo impedir el referéndum del 1 de octubre. El secretario general del PSOE duda ahora de que el presidente pueda evitar cualquier votación ese día, como explicaba El Nacional. Pero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asegura que el Estado de Derecho puede fulminar la ley sobre el 1-O de la Generalitat en tan sólo 24h. De hilo musical sonará la melodía de los expresidentes Felipe González, José Maria Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, triple y heterodoxa alianza unida por la integridad de España, con ecos de fondo sobre la posible aplicación del artículo 155 en Catalunya.

Rajoy recibirá al socialista tras casi un año de no reunirse, como consecuencia de la situación de ingobernabilidad del 2016. El motivo es que Sánchez ha recuperado el trono de Ferraz, paralelismo que se hará evidente con julio del 2014. Entonces el secretario general se encontró con el presidente, justo después de ganar las primarias del PSOE, y meses antes de la consulta del 9-N. El líder socialista propuso entonces la reforma de la Constitución, idea que replicará este jueves, pero con un nuevo elemento: la plurinacionalidad cultural.

Sánchez es poco optimista sobre que el Gobierno se abra a sus demandas –aunque una mayoría del Congreso defiende la "nación de naciones" con connotaciones diversas. Por una parte, cree que la reunión no será tensa, según fuentes de la dirección de Ferraz; por otra, le dirigirá al líder del Partido Popular que es insostenible la inacción con Catalunya. Por eso, le exigirá que haga una "propuesta política" y le instará a hablar con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. De ser así, tendrá el apoyo del PSOE garantizado, afirmaba el martes.

El presidente del Gobierno tampoco quiere confrontación, pues necesita aunar a las fuerzas unionistas para no quedarse solo el día 1-O. Fue parte de la estrategia de Santamaría cuando se reunió con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la de Ciutadans, Inés Arrimadas. También fue objeto de debate durante la comida entre Rajoy y Albert Rivera. Por eso, en la Moncloa celebran la llamada de Sánchez hace días garantizando el apoyo a la legalidad constitucional. Ahora bien, al gallego no le gusta la idea de modificar la carta magna, ni de hacer tambalear la unidad de España.

Así las cosas, el secretario general cuestiona la capacidad de impedir el referéndum sin ofrecer nada a cambio. Lo decían fuentes del entorno del líder a este diario: habrá algún tipo de votación en Catalunya el día R. Eso lleva a asumir que las suspensiones y requerimientos del Tribunal Constitucional o las sanciones del Tribunal de Cuentas para parar a los dirigentes independentistas de forma individual no surtirán efecto. Y de conseguir parte del objetivo, PP y PSOE encontrarán un nuevo escollo: perseguir alcaldes les preocupa, porque su proximidad a la población es directa y supone atacar al colectivo.

Pero la fuerza del Estado es un recurso que a los dos dirigentes unionistas de la oposición disgusta. Sánchez no quiere ponerse en el escenario de la aplicación del 155, dice que no hará falta. Tampoco quiere pensar en ello Rivera. "No daré el placer a Puigdemont de decir que le daría apoyo cuando el referéndum no se va a producir", decía hace unos días.

Eso contrasta con otras voces partidarias del ataque directo. Son las palabras de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, cuando recuerda que el Ejército está "por la integridad" de España, o con el exministro José Manuel García-Margallo, cuando pide desmantelar el Parlament. Más elevan el tono los exdirigentes del PSOE, como Alfonso Guerra, o González, que ya insinúan el 155, más o menos explícitamente. Otros, como Aznar o Zapatero, mantienen la apuesta fuerte por la unidad sin mojarse sobre esos derroteros.

Pero en el gabinete ministerial hay una mayoría en torno a Santamaría y Rajoy que tampoco quiere aplicar la fuerza a tal magnitud. Consideran que supondría un punto de no retorno con un fuerte impacto político, que se puede evitar a través de la maquinaria legal. Y es que el presidente no quiere "líos" y con Catalunya hace días que el enredo se alarga. Pero la Generalitat se vuelve que no les temblará el pulso a la hora de poner las urnas y aportar garantías al referéndum.