Mariano Rajoy contempla entre sus planes para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya una suspensión progresiva del autogobierno, si a partir del jueves el president de la Generalitat Carles Puigdemont no rectifica y vuelve a la legalidad constitucional, que en opinión de la Moncloa se quebró los días 6 y 7 de septiembre con las leyes de desconexión. Eso significa que Rajoy mantiene todas las posibilidades abiertas, pero entre ellas no descarta presentar una primera tanda de suspensiones competenciales ante el Senado, y ampliarla a posterior, según evolucionen los hechos en Catalunya.

Lo manifestaba un miembro de la dirección del Partido Popular este lunes, después de que Puigdemont no contestara de forma binaria si declaró la independencia el 10 de octubre. La fuente decía que había todo un abanico de formas para aplicar el 155, informando además de que se podía hacer efectivo de una sola vez con todas las conselleries, o a tramos. La segunda posibilidad presenta mayor complicación, ya que el mínimo plazo que calculan fuentes del ejecutivo para el 155 es cinco días, pero cobra sentido a tenor de la forma como Rajoy ha actuado ante el procés.

La cuestión es que el gallego siempre ha insistido en la "proporcionalidad" y la "prudencia" en sus acciones, intentando evitar la agitación del independentismo a través de la acción política –y buscando su propio refugio. Por eso, dejó en manos de la Fiscalía y a los jueces la mayor parte de acciones por la vía penal: las acusaciones de sedición para el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, los dirigentes de Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, las detenciones a dieciséis cargos del Govern –ya todos en libertad–, o las órdenes de registro y requisada de urnas previas al 1 de octubre.

Así las cosas, es de prever que Rajoy vuelva a aplicar la misma fórmula de intervención mínima una vez constate –como en su gabinete suponen a estas alturas– que Puigdemont no rectificará antes del jueves, ni abandonará el camino de la independencia a través del diálogo con el Estado.

Siguiendo esta lógica, el Gobierno podría tomar en primer lugar el control de los Mossos y reforzar la intervención de las finanzas catalanas –seguridad y economía, dos competencias que el Estado ya tiene sujetas a través de la movilización de efectivos policiales y el control del Ministerio de Hacienda. En segundo término, podría llegar a sustituir al Govern de la Generalitat en pleno, a través de elecciones, o bien estableciendo un representante estatal en Catalunya, o incluso, colocando un gobierno de concentración con técnicos y/o políticos de varias ideologías –una apuesta que generaría un mayor impacto social.

Los escenarios siguen abiertos, pero es de prever que la decisión final se produzca en función de dos circunstancias: la primera, según cuál sea la respuesta de la Generalitat y la segunda, la de los ciudadanos independentistas. En el primero de los casos, la aplicación del 155 buscaría que se interrumpa definitivamente la hoja de ruta hacia el Estado propio. En el segundo, la respuesta de la calle y la movilización del tejido asociativo podría motivar la necesidad de asumir el control de unas u otras conselleries –más, ahora que Cuixart y Sànchez han sido encarcelados.

En última instancia, la decisión podría venir motivada por un hecho práctico y es la falta de precedentes en España sobre la aplicación del artículo. "Si brujuleáis, veréis que se ha escrito bien poca cosa. Y si existen unos cuantos expertos en este país, seguro que están en mi gabinete", celebraba una de las primeras espadas de la Moncloa en los pasillos del Congreso, la semana anterior. La cuestión es que el único requerimiento enviado hasta la fecha fue en al gobierno de Canarias, pero no supuso que se desplegara de facto el 155, como sí se prevé ya que sea con Catalunya.