El Govern de la Generalitat anunció el viernes una querella, sin precedentes, contra el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Catalunya por prevaricación y usurpación de funciones públicas. El lunes se presentó en el Tribunal Supremo y hoy conocemos su contenido.

En la querella, presentada directamente por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se pide la citación como investigados de José Manuel Maza y José María Romero de Tejada porque "han perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos básicos como las funciones de seguridad pública ejercidas por el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, el funcionamiento de los centros docentes y otros servicios públicos impartiendo órdenes e instrucciones ilegítimas".

La querella abarca desde la citación de los más de 700 alcaldes hasta el intento de coordinación de las fuerzas policiales en el dispositivo del referéndum.

El texto describe como "desde el mismo día de la presentación de la querella ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal superior de Catalunya inicia una frenética actividad investigadora en paralelo a la instrucción de la causa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya" asumiendo competencias que no le corresponden.

"El ministerio público no sólo asume la investigación integral de los actos vinculados a la celebración del mencionado referéndum, sino que se apropia, además, de la dirección técnica y operativa de la policía judicial actuando como un auténtico jefe de la policía", remarca el texto.

Arbitrarios con los alcaldes

En el apartado de fundamentos jurídicos, la querella argumenta que la Fiscalía "no tenía base legal y constituía un puro ejercicio arbitrario del poder", la citación de los más de 700 alcaldes.

Según el texto de la querella firmada por Carles Puigdemont, "la firma de los alcaldes de una declaración de apoyo a la convocatoria del referéndum y su disposición a colaborar no son hechos constitutivos de delito", ya que el apoyo moral o político a un acto delictivo "no supone que quien lo manifiesta sea autor ni cómplice".

La querella califica "desproporcionado" y "abusiva" la citación de los más de 700 alcaldes, la mayoría de los alcaldes de Catalunya, porque señala como "presuntos delincuentes" autoridades elegidas democráticamente y porque "causa un daño en los mismos e indirectamente a una gran parte de la población catalana".

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