Breve y correcto, pero muy contundente. El cara a cara que han escenificado esta tarde el presidente, Carles Puigdemont, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no ha durado ni 20 minutos, suficiente, sin embargo, para otorgar al intercambio de reproches una contundencia rocosa. "Sin independencia judicial no hay justicia y si no hay justicia no puede haber respecto al Estado de derecho", ha advertido Puigdemont, que ha defendido la capacidad de la ley de superar limitaciones que llevan a abusos y constriñen derechos como el de "la libertad de expresión y la autodeterminación de los pueblos".

Era la intervención con que se cerraba la sesión solemne del Colegio de la Abogacía de Barcelona que se organiza anualmente para conmemorar la festividad de San Raimundo de Penyafort, patrón del colectivo. Antes, el ministro había advertido que "nadie puede estar por encima de la ley".

Al tomar la palabra, Puigdemont ha asegurado que los abogados son la "pieza clave" para que pueda haber Justicia en una sociedad, que tienen que poder ejercer su trabajo en condiciones adecuadas y que la más importante es la "independencia judicial". "Sabemos que hay preocupación no sólo aquí, en muchos sectores, sobre el grado de independencia judicial. Haría bien todo el mundo que tiene responsabilidades, también nosotros, de preocuparse", ha añadido.

Derecho a la autodeterminación

El president ha subrayado que la ley está al servicio de las personas y tiene que castigar a delincuentes, sin embargo "la ley no puede encotillar los derechos y ante la duda tiene que decantarse siempre por el ciudadano". Sus palabras han sido acogidas con aplausos y algún silbido aislado. Y no sólo en este punto, ha vuelto a levantar el apoyo del público -y de nuevo algún silbido- cuando ha asegurado que gracias a los abogados se pueden superar algunos problemas de legalidades que llevan a abusos y constriñen derechos, como las cláusulas suelo, desahucios, los abusos de compañías energéticas, los inmigrantes, "pero naturalmente la libertad de expresión y el derecho de autodeterminación de los pueblos".

El president ha contrastado el debate entre legalidad y derecho democrático que se produjo en cuestiones como el divorcio o el matrimonio homosexual, y ha recordado que todavía es legal negar la asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes sin regularizar pero no es democrático, al igual que desahuciar o cortar la luz.

También ha habido un capítulo de reproches al ministro por las condiciones materiales de la Justicia. Puigdemont ha reprochado al ministro que "el Estado recauda 60 millones de euros en tasas judiciales, un servicio que no presta, como tú ya sabes, lo presta la Generalitat, y no obstante, de estos 60 millones retornan 0".

Catalá: "Nadie está por encima de la ley"

Previamente, Catalá había emplazado a los abogados del Colegio de la Abogacía de Barcelona a defender el Estado de Derecho "así como lo hace el Tribunal Constitucional y todos y cada uno de los miembros del poder judicial y de la fiscalía".

"El problema no es la diferencia de opinión sobre asuntos que afectan a la vida pública o privada. El problema aparece cuando se actúa al margen del ordenamiento jurídico, ninguno de nosotros tendría que estar por encima de la ley", ha advertido.

El ministro, que ha hecho buena parte de su intervención en catalán, ha citado una entrevista a Joan Miró de los años 70 en que este habría asegurado que "lo que enriquece a España es su diversidad de matices", y ha asegurado que vivimos en un momento extraordinario en que el instrumento que más se invoca desde todos los sectores, especialmente al político, es "el diálogo y el consenso".