El presidente Puigdemont y los cuatro consellers exiliados en Bruselas aplicarán una estrategia "muy ofensiva" para evitar su extradición a España. Los abogados belgas alegarán que los cinco miembros el Govern no son procesados por ningún delito criminal sino por sus opiniones, según explica el diario francés Le Monde.

Los abogados se basarán en el derecho europeo y belga para solicitar, este viernes día 17, que el tribunal de la Cámara del Consejo de Bruselas deniegue la extradición de Carles Puigdemont y los consellers Toni Comin, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret.

La Audiencia Nacional española pide la extradición por cinco delitos: prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación. En este último caso por la supuesta utilización de 6,2 millones de euros públicos para la organización del referéndum del 1 de octubre.

El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ya desestimó el cargo de malversación en la causa contra la Mesa del Parlamento. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, sin embargo, aceptó la petición fiscal de incluirlo y así figura en la petición de extradición remitida en Bélgica.

Garante de las libertades

La penalista Michèle Hirsch, una de las abogadas de los cinco exiliados, cree que "ante este caso, que ya se ha convertido en una cuestión europea," el tribunal belga "se ha convertido en garante de las libertades individuales" de los exiliados.

Este tribunal "tendrá que decidir si los derechos fundamentales de los afectados han estado violetas, y determinar si [el auto de la jueza Lamela] se redactó sólo para reprimir opiniones, la libertad de asociación y el derecho a presentarse libremente a unas elecciones".

"Nunca había visto una demanda tan mal formulada, imprecisa y frágil", ha dicho a Le Monde Christophe Marchand, otro abogado de los exiliados catalanes. La orden de detención europea o euroorden no puede nunca ejecutarse para procesar a alguien por su orientación sexual, religión, nacionalidad o ideas políticas, ha añadido, aludiendo a las disposiciones de la Convención Europea sobre Derechos Humanos o la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Derechos humanos

Los actos concretos que la euroorden emitida por España considera delictivos (convocar el referéndum, enviar una carta a los alcaldes para sostenerlo, movilizar a los ciudadanos, aprobar la declaración de independencia...) no lo son, porque son acciones con que los acusados "ejecutaron las leyes aprobadas por el Parlamento", cosa que no tiene relación con el derecho penal sino con el derecho constitucional, explica la letrada Hirsch.

La defensa de los exiliados también recordará que dar apoyo al derecho de autodeterminación no es razón para acusar a nadie de un ilícito penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dictaminó que este derecho puede ser promovido pacíficamente "aunque ofenda a la opinión pública mayoritaria, la política gubernamental o la organización actual del Estado", recuerda Hirsch.

El último argumento de la defensa es que si Bélgica extradita al presidente y los consellers, la suya más que previsible detención los privaría de su derecho a participar en la campaña de las elecciones del 21 de diciembre y podría también disuadir a otros ciudadanos de hacerlo.

El juez que decidirá este caso sin precedentes es único y de habla neerlandesa, explica el diario francés. No sólo tendrá que examinar los hechos, sino que tendrá que valorar la proporcionalidad entre las acusaciones hechas a los exiliados y las penas que se proponen. Se pronunciará unos diez días después de la audiencia de este viernes.