Jaume Alonso Cuevillas, el abogado de Puigdemont, está contento. Satisfecho de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya levantado las euroórdenes y la orden internacional de detención y lo califica de "gran éxito" en declaraciones a El Nacional. Según el abogado, el Tribunal Supremo ha valorado a la hora de tomar esta decisión "no hacer el ridículo a nivel internacional" si el juez belga contradecía la línea de investigación y acusaba sobre otros delitos, muy lejos de la rebelión y la sedición.
El president, Carles Puigdemont, ya no tiene sobre de él ni una euroorden ni una orden internacional de detención. Ya no tiene que esperar, por lo tanto, hasta el día 14 de diciembre que el juez belga decida si lo extradita o no. Pero hay otra amenaza sobre la mesa: la detención tan buen punto pise territorio español, y la prisión incondicional como ya pasó con los 8 consellers.
Además el juez del Tribunal Supremo puede citar en cualquier momento a Puigdemont y el resto de consellers que están en Bélgica con él a declarar. Ya estaban citados el 2 de noviembre, como el resto del Govern, pero no se movieron de Bélgica y, por lo tanto, no declararon en la Audiencia Nacional. Ahora Llarena los citará a declarar, y eso, viendo los tiempos que utiliza el magistrado y que han marcado todo el proceso, no se descarta que sea en plena campaña electoral.
En este caso, según Jaume Alonso Cuevillas, será decisión del mismo Puigdemont si va o no a Madrid a declarar. Pero el abogado no quiere hacer previsiones de lo que pasará. De hecho, ni tan sólo han recibido todavía la resolución del magistrado.
Hoy por hoy, lo que supone la nueva situación, según Cuevillas, es "la seguridad de la negociación de la investidura". Y es que según explica el abogado a El Nacional, "el objetivo del viaje a Bruselas era tener capacidad de movimiento hasta el 21-D. Y eso, ahora, está garantizado en todo el mundo, menos en el estado Español.
Cuevillas cree que "con la retirada de la euroorden, la justicia española evita el riesgo de hacer un gran ridículo internacional. O bien porque se descartaran los delitos más graves, rebelión y sedición, por su clara connotación política. O bien, todavía más grave, porque se denegara completamente por considerar que no existen suficientes garantías para un juicio justo".
Por este motivo cree que "han ganado una batalla importante", pero califica de "proceso penal injusto y desproporcionado" todo el caso judicial que está en manos del Tribunal Supremo. El abogado remarca que "lo que no podía hacer la justicia belga era eliminar el proceso español".
Justo ayer Puigdemont y los consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig declararon en el tribunal belga. Y aunque la Fiscalía siguió reiterando que había que extraditarlos, Cuevillas confiaba en que la falta de garantías judiciales justas en España y la falta de tipicidad de los hechos, haría que el juez los mantuviera fuera de la jurisdicción del Tribunal Supremo.
Sobre el delito que los sobrevuela de malversación, el abogado de Puigdemont también tiene su hipótesis de cómo combatirlo, porque la malversación es un delito en caso de que los acusados se queden el dinero público a título particular, pero no si tienen una finalidad que corresponde al mandato político, como fue el caso de la organización del referéndum.