El Partido Popular se ha vuelto a quedar solo en el Congreso este martes durante el debate sobre la proposición de memoria histórica, donde el PSOE aboga porque se destierre del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco, entre otras acciones orientadas a "reparar" la dignidad de las víctimas. El consenso del resto de grupos –Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, EH Bildu, ERC– es total al respecto, pero los republicanos se han encendido, y votarán 'no' el jueves, al considerar un "monumento al cinismo político" la propuesta de los socialistas, que contradice lo que habrían hecho en pasadas legislaturas. Podemos amenaza con abstenerse si sus enmiendas sobre la nulidad de los juicios de la guerra y la desprivatización de las exhumaciones no son aceptadas.

El ponente de la proposición ha sido el diputado del PSOE, Gregorio Cámara, quien ha denunciado los incumplimientos del PP sobre el desarrollo de la ley durante sus años de gobierno, dejándola "vacía" de presupuesto a partir de 2013, debido a la crisis económica. El texto pide mantener el proceso localización de fosas y exhumación de los desaparecidos, promover la creación de bancos de ADN, recuperar y potenciar la oficina de víctimas, hacer un censo de represaliados, retirar la financiación a asociaciones que defienden el franquismo, crear una comisión de la verdad y declarar el día 11 de noviembre –día internacional del fascismo– como día de las víctimas del franquismo.

Así las cosas, el representante de los republicanos, Joan Tardà, y el de En Comú, Xavier Domènech, han cargado duramente contra el PSOE. El motivo es que en el año 2011 los socialistas habrían tumbado las enmiendas que instaban al Gobierno a aprobar un informe de expertos de Naciones Unidas –pese a que ahora exigían que se cumpliera. Este texto pedía que se retirasen los restos de Franco del Valle de los Caídos como forma de "resignificación" de la memoria de los afectados. "El señor Jáuregui nos dijo que eso condicionaría el resultado de las elecciones", ha denunciado el republicano sobre el ponente de entonces. Domènech, por su parte, ha indicado que las exhumaciones debían que ser hechas a cargo del Estado –como recomendaban los expertos de la ONU–, para no alimentar "la indiferencia de las instituciones", ya que ahora correrían a cuenta privada.

Tardà ha seguido más tarde la retahíla de reproches, por los cuales no daría apoyo al "modelo de impunidad español". Ha denunciado que los socialistas se habían negado a reconocer la responsabilidad del Estado en la deportación de catalanes y republicanos en campos de exterminación. Tercero, ha lamentado que se quieran retirar subvenciones, cuando el PSOE se había negado a retirar los títulos nobiliarios "a franquistas implicados en el genocidio". "¿Por qué no se han restaurado los patrimonios expoliados y ahora hablan de revisar los archivos? El cinismo llega al estadio superior cuando dicen que hay que poner placas allí donde republicanos hicieron trabajo de esclavos, si se negaron a que algunas empresas repararan este agravio con su dinero", ha abundado. Ha presentado, eso sí, una enmienda para que en el plazo de seis meses el Ejecutivo de Rajoy elaborara una ley "digna, homologable al resto de países" que habían sufrido dictaduras.

Por su parte, el PDeCAT ha dado apoyo a la moción, pero se ha mostrado en contra de que fueran fiscales y tribunales los que declararan nulas las resoluciones de los tribunales políticos. El diputado demócrata Jordi Xuclà ha reivindicado que esta función tenía que estar reservada al Congreso. Al respecto, Tardà ha añadido que el año 2004 la entonces vicepresidenta socialista, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó a Pasqual Maragall que declararía nulo el juicio a Lluís Companys, aunque más tarde reconoció que no se podía hacer, pues los tribunales sólo se pueden declarar ilegítimos, no ilegales. Domènech ha añadido aquí que no hacerlo así sería equiparar la legalidad de la guerra a la de un estado de derecho.

Acorralada, la crítica de la diputada del PP, Alicia Sánchez-Camacho, ha sido feroz contra el PSOE. Ha denunciado que los socialistas se estarían marcando un punto, "buscando un titular" en prensa. "No sé si quieren volver al pasado o mirar constantemente a Podemos", ha dicho Camacho. En segundo término, ha lamentado que los socialistas habrían roto un compromiso, presuntamente adquirido en 2002, según el cual no se haría un "uso partidista" de la causa. En tercer término, se ha defendido con datos de que el Ejecutivo de Rajoy sí estaría cumpliendo la ley en materia de símbolos, reconocimiento de víctimas y digitalización de archivos. Ante su soledad, el PP no se cierra a votar punto por punto.

Al respecto de lo anterior, el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha posicionado del lado de que "una gran nación debe tratar con dignidad a sus muertos", y está de acuerdo con la propuesta del PSOE, de modo que sólo volverá a dar apoyo a la proposición si no se introducen cambios en el texto original. La cuestión es que este ya fue aprobado por la Comisión Constitucional el pasado 8 de marzo, con el único voto en contra del PP y la abstención de UPN. Ahora, sin embargo, su aprobación no está garantizada y dependerá de cómo finalice la negociación sobre las enmiendas de los grupos.