Un goteo de alcaldes díscolos del PSC a favor del referéndum ha sido suficiente para sublimar los más profundos miedos y paradojas de los dos grandes partidos estatales, Partido Popular y PSOE. Los socialistas españoles apelan a la legalidad, rechazan frontalmente la convocatoria prevista para el 1 de octubre y no quieren que los alcaldes del partido catalán faciliten sus instalaciones. No pueden impedir, sin embargo, una decisión como que algunos de ellos participen. Eso hace temblar a los populares, que ven grietas en el bloque unionista en Catalunya y temen quedarse solos en Madrid.

La caja de los truenos fue abierta por el alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, quien se saltó el veto de la calle Nicaragua y declaró el viernes a El Nacional que votaría a título particular, como ya lo hizo en la consulta del 9-N. Este lunes, el PSC lo instó a rectificar, pero Lupiáñez, así como los socialistas de Girona, Terrassa y l'Escala están decididos a plantarse ante las órdenes de la dirección. Los tres últimos dicen que no impedirán el referéndum, mientras que los municipios de Las, Vallbona d'Anoia y Castellbell i el Vilar están dispuestos a ceder espacios para que se coloquen las urnas.

La legitimación al 1-O de esos consistorios estalló justo en paralelo a unas declaraciones de Núria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Parlon sostenía que el PSOE haría "todos los esfuerzos, si hace falta apelando a la comunidad internacional", para que no hubiera una suspensión de la autonomía de Catalunya. Fuentes de la misma ejecutiva federal del PSOE consultadas por El Nacional entienden las palabras de la catalana, en el sentido que "no se puede dar un cheque en blanco al PP", pero aseguran que son declaraciones a título particular y no de todo el partido.

Pero el incendio era de tal magnitud que obligó al portavoz de Ferraz, Óscar Puente, a desautorizar alcaldes y alcaldesa del PSC. A los primeros les dijo que no era "reprobable" que votaran, pero les advierte sobre no ceder espacios municipales el día 1-O. Parlon fue más duramente desautorizada por Puente, pese a formar parte de la dirección federal. "Antes de llegar a este punto, hace falta agotar todas las posibilidades de negociación. Pero en cualquier caso, la Constitución es aplicable, y por supuesto el PSOE la respeta y la defiende", dijo sobre la aplicación del artículo 155.

El movimiento sísmico se dejó notar también en Génova durante la comparecencia del portavoz popular Pablo Casado. Casado insiste que sería "irresponsable" que los socialistas apoyaran las tesis del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Lo que no decía es que con pequeñas muestras de poder local se ha desbancado la estrategia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien creía haber atado corto a los socialistas catalanes, tras la reunión que mantuvo con Inés Arrimadas y Miquel Iceta hace muchos meses para hablar del procés.

La cuestión es que Sánchez también presenta dualidades que preocupan a la Moncloa. Dice que quiere emprender un "combate contra las falsedades del soberanismo", al par que defiende la plurinacionalidad "sin referéndum", mientras algunas voces del ejecutivo temen en silencio que use el 1-O para el papel de poli bueno, e instigar una ofensiva contra Rajoy. Este también ha sufrido las fisuras del gota a gota de los ediles catalanes al discurso unionista, hasta el punto de que el gallego tuvo que pedir calma a los altos cargos del partido, ante la posición de los seis díscolos.